Economía tutelará las fundaciones con el 40% de depósitos fuera de su CCAA

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados aprobó ayer con competencia legislativa plena el proyecto de ley de supervisión bancaria sólo con los votos del Partido Popular. Una enmienda del PP que modifica la tutela de las fundaciones bancarias motivó el voto en contra del PSOE, CiU y PNV. Por su parte, UPyD e IU se abstuvieron. Tras la enmienda, será el Ministerio de Economía y no la Comunidad Autónoma el que ejerza el protectorado o tutela de esa fundación bancaria cuando el 40% de los depósitos de la entidad bancaria en la que participa la fundación -con al menos un 10% de su capital o sea su primer accionista- esté fuera de la comunidad autónoma de origen. El portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez-Pujalte, defendió esta enmienda para «aclarar la ley», pero negó que se modificará su espíritu. A su juicio, «nadie cree que las administraciones públicas van a influir en el patronato ni las fundaciones van a estar controladas ni por el Estado ni por las autonomía». El diputado popular aseguró que la ley «garantiza la total despolitización de las entidades» y recordó que ya no puede haber ningún cargo público en el patronato de las fundaciones en las que se transformen las cajas de ahorro ni más de un 25% de representantes públicos.

Por el contrario, el portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, rechazó la enmienda por considerarla una «invasión competencial». Sánchez Llibre explicó durante el debate en la Comisión que su grupo estaba dispuesto a apoyar la ley, pero los cambios introducidos «han acabado adulterando el objetivo fundamental». También el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, se opuso a la modificación por «ser contraria al Estatuto de Guernica».

«La enmienda 144 hurta a las CC AA la competencia o se inicia el camino para ello», señaló Azpiazu. El portavoz vasco recalcó que su grupo había trabajado para negociar y consensuar la ley de supervisión bancaria, pero que «la enmienda rompe el espíritu negociador». En su opinión, «era conveniente la intervención del Banco de España en las materias que le son propias respecto a las entidades de crédito, pero sin modificar el protectorado ni las competencias autonómicas».

Con la nueva norma, el protectorado de La Caixa, por ejemplo, pasará al Ministerio de Economía. En el caso de la BBK, todavía no porque el porcentaje de depósitos que tiene fuera del País Vasco ronda el 38%, pero si se expandiera más o comprara algo fuera acabaría superando el 40% y su tutela sería ejercida por Economía. Entre las funciones que tendrá el Ministerio como protector de la fundación, según la ley, se encuentran verificar si los recursos económicos han sido aplicados a los fines fundacionales (obra social) y ejercer provisionalmente las funciones de gobierno si faltasen todos sus miembros, siempre con informe previo y vinculante de las comunidades donde se desarrolle la obra social.

Por otro lado, las enmiendas introducidas en la Comisión del Congreso establecen un plazo de nueve meses para que las fundaciones que tienen su origen en una caja de ahorros se transformen en fundaciones bancarias. Y se permite que los consejeros compatibilicen su cargo con el de patrón de la fundación hasta el 30 de junio de 2016.