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Sociedad

Uteca reclama mayor seguridad jurídica tras el cierre de nueve canales de la TDT

R. C.
MADRID.Actualizado:

Los operadores de televisión privados cumplieron con la sentencia del Tribunal Supremo y, en la madrugada del martes, renunciaron a nueve canales, dando el obligado cumplimiento a una resolución judicial que constata que «fue la propia Administración quien incurrió en una serie de errores y carencias formales». La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) reiteró ayer que se ha llegado a la actual situación por «falta de voluntad política» y que con esta decisión «se han lesionado gravemente los intereses de los operadores y se han producido unos daños ya irreparables para la industria audiovisual española, reduciendo la pluralidad de la oferta para los espectadores y agravando la ya de por sí difícil situación económica por la que atraviesan las empresas audiovisuales».

Una vez ejecutada la Sentencia, la principal preocupación de Uteca se traslada a los próximos pasos a dar por la Administración. Con la cancelación de emisiones de los canales afectados, ha quedado claro que la seguridad jurídica de la televisión en abierto está «en grave riesgo». «Creemos que es necesario dotar de seguridad jurídica y de estabilidad al sector. El camino, al contrario de lo que ha sucedido hasta hoy, debe ser el diálogo y el consenso con todos los agentes implicados en el sector. La situación actual, incluida la próxima mudanza de frecuencia de los canales por el dividendo digital, debe ser aprovechada para prever un escenario estable para los próximos años», afirma Andrés Armas, director general de Uteca.

Desde los operadores de televisión privadas consideran de «vital importancia» dotar de seguridad jurídica a la oferta actual de 15 canales nacionales de TDT, así como asegurar el futuro de la alta definición. «Es necesario garantizar la pluralidad de la oferta y las posibles inversiones de los operadores. Por ello solicitan al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que haga públicos cuanto antes los proyectos de asignación del espectro radioeléctrico y que establezca los canales de comunicación adecuados para no volver a incurrir en una situación tan dolorosa como la vivida en la noche de ayer», apuntó en un comunicado. «Solo una actuación diligente y transparente por parte de la Administración puede salvaguardar los legítimos intereses del sector y redimir en parte a la industria de las perniciosas consecuencias que un lamentable error formal ha acarreando a la Industria y a los ciudadanos», añadió Uteca.