El Vaticano revela a la ONU que ha descubierto a 3.420 curas pederastas «Esos comentarios no se pueden permitir»

La Santa Sede, empujada por el deseo de limpieza y transparencia de Francisco, dio ayer un nuevo paso en el reconocimiento del escándalo de la pederastia en el clero. Lo hizo en un marco internacional, un comité de la ONU, y dando por primera vez cifras exactas del número de sacerdotes culpables de abusos sobre menores de los que tiene constancia. Hasta ahora el Vaticano había aportado datos de forma genérica y sin entrar en detalles, pero ayer entró: de 2004 a 2013 la Congregación de la Doctrina de la Fe, encargada de centralizar las investigaciones, ha expulsado o sancionado en procesos canónicos, cuya máxima condena es la destitución y que no tienen castigos penales, a 3.420 curas, culpables de abusos entre 1950 y 1980 en diversos países. La Santa Sede, como Estado, prevé duras penas de cárcel para la pederastia, pero sólo si se comete en su pequeño territorio.

Reveló estas cifras el representante del Vaticano ante la ONU, Silvano Tomasi, que compareció ayer por segundo día consecutivo en Ginebra ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. Es un contexto un poco forzado, pero lo ha logrado la presión de las organizaciones de víctimas. El Vaticano había rechazado que en este organismo se afrontara la cuestión, pero al final ha pasado por el aro. Eso ya es revelador. Lo hizo a petición de la vicepresidenta del comité, Felice Gaer, que el lunes solicitó datos precisos. Pero también es significativo que los haya dado cuando en la primera sonada comparecencia de Tomasi ante la ONU en enero, ante el Comité de Derechos del Niño, el mayor reproche contra la Santa Sede fue precisamente su resistencia a dar números concretos.

En aquella ocasión, el Vaticano hizo su primera admisión de culpa en un foro internacional y se llevó un buen varapalo de la ONU, que en el informe final le acusó de no reconocer «el alcance de los crímenes cometidos» y permitir «la impunidad de los culpables». Francisco anunció entonces la creación de una comisión específica sobre el escándalo, que se reunió por primera vez la semana pasada. Está presidida por Sean Patrick O'Malley, cardenal de Boston, ciudad símbolo del escándalo, que él ha afrontado con mano dura. Además cuenta con la presencia de una víctima, la irlandesa Mary Collins. O'Malley dijo claramente que en la Iglesia aún hay resistencias internas a asumir el fenómeno. Este nuevo impulso de autocrítica quizás explique el paso de ayer, que no estaba en absoluto en el guión.

De todos modos, el Vaticano ayer volvió a jugar con las cifras. No fue completamente claro. Tomasi no entró en dos detalles muy importantes que ya quedaron en evidencia en 2010, cuando el 'fiscal' vaticano, el maltés Charles J. Scicluna, fue el primero en dar datos del escándalo. Habló entonces de 3.000 casos de 2001 a 2010. Pero con dos precisiones clave, además de otra bastante curiosa para asegurar que sólo 300 eran estrictamente de pederastia, pues los demás afectaban a adolescentes y, según él, se trataría de «efebofilia». Las dos salvedades eran que el 60% de los curas denunciados no fue sometido a un proceso canónico «por su avanzada edad» y no aclaró cuántos habían sido denunciados a las autoridades civiles.

Pues bien, ayer Tomasi no especificó si, además de esos 3.420 castigados, hay otros sacerdotes que tampoco han sido procesados por su edad y escapan al recuento del escándalo. Y tampoco detalló si fueron denunciados a las autoridades de su país, una de las principales acusaciones contra el Vaticano, que sólo desde 2003 ordena expresamente hacerlo. Cuando se le preguntó sobre ello, Tomasi respondió de forma ambigua: dijo que no tenía datos exactos, pero que imaginaba que eran «la mayoría». Aunque lo cierto es que serían casos prescritos.

El representante de la Santa Sede también explicó ante la comisión que los curas no expulsados no han sido simplemente trasladados de parroquia, como en el pasado, sino que se les ha cambiado de trabajo y se les mantiene sin contacto con niños. También añadió que desde 1950 las diócesis y órdenes religiosas han pagado 1.800 millones de euros en indemnizaciones a víctimas y se han dedicado 56 millones a su asistencia. El comité publicará sus conclusiones el 23 de mayo.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, afirmó ayer con relación a las palabras pronunciadas por el párroco de Canena (Jaén), Pedro Ruiz, en su última homilía que «no podemos vivir en un país donde se permitan este tipo de comentarios». Por su parte, el obispado de Jaén manifestó su rechazo a la violencia machista y señaló que el párroco había pedido disculpas.