La oposición inicia una batalla contra la reforma de la jurisdicción universal

La oposición ha iniciado una batalla parlamentaria para tratar de convencer al PP y al Gobierno de la necesidad de que dé marcha atrás en la reciente reforma de la jurisdicción universal, que ha reducido casi a la nada la posibilidad de que los tribunales españoles persigan graves delitos contra los derechos humanos cometidos en el extranjero y que ha dado al traste con las operaciones policiales contra grandes alijos de droga en alta mar.

PSOE, CiU, IU, UPyD, PNV y Grupo Mixto van a defender toda una batería de iniciativas en ambas cámaras para reclamar a los populares una rectificación que, casi con toda seguridad, no se va a producir. Si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya dejó claro en el pleno de control de la semana pasada que no tiene intención de tocar su reciente reforma legal porque cree que está, en contra del criterio de jueces y fiscales, completamente ajustada a derecho, el grupo popular desbarató ayer, igualmente, el primer intento de la oposición.

La mayoría del PP en la comisión mixta de Congreso y Senado para el Estudio del Problema de las Drogas tumbó una proposición no de ley de IU, apoyada por el resto de grupos, que reclamaba un cambio urgente en la jurisdicción universal española para suprimir las trabas impuestas a los abordajes de barcos con grandes cargamentos de estupefacientes en alta mar, que ya han obligado a la Audiencia Nacional a archivar tres operaciones y excarcelar a 29 presuntos narcos extranjeros y que amenaza la supervivencia de varios sumarios más. Los populares se reafirmaron en que no se trata de barcos ni tripulantes españoles, ni con destino a España, por lo que los abordajes son problema de los tribunales de los estados competentes, si es que quieren hacerlos.

Pocas esperanzas

El segundo intento se producirá la semana próxima en el Senado. El socialista Tontxu Rodríguez reclamará en una moción al Gobierno, que apoyará el resto de la oposición, la derogación de la reforma aprobada en marzo por trámite de máxima urgencia y con los únicos votos del PP. Todos defenderán que tiene artículos inconstitucionales, que ha anulado la capacidad de los tribunales españoles para perseguir el genocidio o los delitos de lesa humanidad en el extranjero, y que viola la división de poderes al obligar por ley a la Audiencia Nacional a cerrar casi una docena de investigaciones.

Los promotores reconocen que la iniciativa posiblemente está condenada al fracaso, al igual que la siguiente, que se debatirá en unas semanas en el Congreso.

Los socialistas pedirán al pleno la admisión a trámite de una proposición de ley que deroga la reciente reforma de la jurisdicción universal y realiza una regulación de la capacidad de los tribunales españoles de perseguir delitos en el extranjero muy similar a la anterior.

La proposición no toca la capacidad de la justicia española de allanar barcos de narcos en alta mar y amplia los límites que permiten la apertura de investigaciones. Ya no será imprescindible para perseguir un delito que el autor sea español o resida en España sino que bastará también con que la víctima sea española o que el caso tenga algún vínculo relevante con España. El efecto de esta contrareforma es que se podría enjuiciar a los excarcelados y reabrir las causas camino del archivo.