Libertad para 5 detenidos por las obras del AVE, tres de ellos tras pagar fianza
Actualizado:«El Gobierno tenía prisa por acabar y cumplir los plazos». De esta curiosa manera justificó este miércoles un portavoz del Administrador del Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) los elevados sobrecostes, de hasta el 230% en algún tramo, que se registraron en las obras del AVE a Barcelona. Sus explicaciones, sin embargo, no han convencido a la oposición que, a través del Grupo Mixto y de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) han pedido al Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación.
De hecho, la línea entró en servicio el 20 de febrero de 2008 sin inauguración oficial porque apenas dos semanas después había elecciones generales. Durante los trabajos de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y la Ciudad Condal se hicieron varias auditorías para detectar irregularidades, la mayoría bajo el mandato de Magdalena Álvarez como ministra de Fomento (2004-2008), aunque su resultado final no llegó a trascender.
Su sucesor en el cargo y hoy candidato del PSOE a las elecciones europeas, José Blanco, intentó este miércoles desmarcarse de la polémica al expresar su deseo de que “caiga quien tenga que caer” por los sobrecostes irregulares del AVE. “Si alguien en ADIF falsificó certificaciones para incrementar el importe de las obras lo que tiene que recaer sobre él es todo el peso de la ley", argumentó.
El Tribunal de Cuentas abrió diligencias por los sobrecostes hace un año, y no descarta que al final se pudieran derivar responsabilidades penales. Pese a que dicho órgano denunció en un extenso informe que en esas obras «se habían saltado muchos procedimientos», desde ADIF intentaron justificar lo ocurrido en que «hubo muchos problemas», con «socavones» e incluso la obligación de sustituir «en muchos tramos» una línea convencional.
«Se tiró de mucha obra complementaria y de emergencia», explicó su director de comunicación, Iñaki Garay en declaraciones a varias emisoras de radio. Eso sí, admitió que un sobrecoste del 230% es «extraordinario» y «no se da en ninguna obra salvo que haya una «emergencia». En cualquier caso, se remitió a la auditoría interna anunciada por la ministra Ana Pastor, que “revisará de arriba abajo las características” del proyecto, tanto en sus aspectos económicos como en los técnicos. Sin embargo, advirtió de que pese a los controles de la Administración son “bastante férreos” y hay “muchos ojos mirando”, siempre puede existir “un resquicio” y que “algún golfo pueda entrar”.
Sobrecoste global del 31%
El problema de los sobrecostes –la factura total de las obras del AVE_a Barcelona terminaron ascendiendo 8.996 millones, un 31% más del precio de adjudicación, aunque se adjudicó con una baja del 9% respecto al presupuesto inicial (7.550 millones)– saltó a la luz a principios de semana con la ‘operación Yogui’. En ella, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, fueron detenidas 10 personas por el presunto amaño del contrato de un tramo entre La Sagrera y el Nudo de la Trinidad en Barcelona a favor de la constructora Corsán (del grupo Isolux).
Los investigadores sospechan que durante los trabajos, que se extendieron entre 2008 y 2011 –el tramo formaba parte de la extensión de la línea del AVE hasta la frontera francesa-, se podrían haber desviado más de seis millones de euros inflando facturas e incluso sobornando supuestamente a funcionarios. No obstante, la adjudicación se dio con una baja del 32% respecto al presupuesto inicial de 98,7 millones de euros.
Cinco de los detenidos que han comparecido este miércoles ante la juez han quedado en libertad con cargos, tres de ellos tras el pago de una fianza, han explicado fuentes judiciales.
Las comparecencias ante la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, de estos cinco detenidos -otros cinco ya habían quedado en libertad con anterioridad- se han prolongado desde las 17.00 hasta pasadas las 23.30 horas de este miércoles.
El gerente de infraestructuras de Adif Jaime G. ha negado ante la juez haber cometido malversación porque ha asegurado que los 6 millones de presunto sobreprecio se corresponden en realidad a una ampliación del coste de las obras.
Fuentes de las defensas han explicado que Jaime G. ha sostenido ante la juez que se hizo una nueva modificación en el coste de las obras de 86 millones hasta 92 millones, cuya diferencia de seis millones, según sus versiones, todavía no se ha pagado a la empresa Corsán.
También ha asegurado que un viaje a las pistas de esquí de Aspen (Colorado), que la Fiscalía sospecha que Corsán le pagó como soborno, fue una escapada entre amigos que se hizo meses antes de la adjudicación en 2008 de las obras a la empresa.
La tesis de la Fiscalía es los implicados generaron un sobreprecio en las obras en favor de Corsán de unos 6 millones de euros y que incluso "la propia adjudicación de la obra a la contratista pudiera haber presentado irregularidades" y que, como contrapartida, los funcionarios de Adif pudieron haber recibido dinero.