'Caso Matadero': «La presión a un funcionario público es algo muy grave»

La dimisión de la coordinadora de los Servicios Sociales de Cádiz fue la espita que permitió que un torrente intangible de malestar interno saliera de ese área municipal y se conociera una versión completamente distinta a la oficial acerca de cómo había sido la adjudicación de las 102 viviendas de Matadero. Ocho meses después de la renuncia de Pilar Tubío, ese proceso ha acabado en los tribunales con serias sospechas de que no se cumplieron los criterios técnicos en la selección de las familias sino que pudieron interferir otros intereses políticos. Así lo ha puesto en conocimiento de los juzgados la Fiscalía de Cádiz. La noticia conocida este pasado fin de semana ha sido traducida por los impulsores de este asunto, la Junta de Personal del Consistorio gaditano, como un primer respaldo «a esas compañeras de los Servicios Sociales que decidieron no callarse y dar un paso hacia delante».

Porque la renuncia de Tubío no se debió a problemas personales, ni tampoco porque no estuviera de acuerdo con su remuneración. Ella misma se explicó en una entrevista concedida a este periódico recientemente: «Cuando no se tienen en cuenta mis propuestas técnicas, entiendo que sobro. Los trabajadores sociales defendemos la igualdad, la justicia, que algo no sea arbitrario. No quiero decir que hubiera mala intención pero la presión parecía obligar. Es lo que ha pasado en Sevilla, en la Corrala Utopía. Da igual la ideología. Sube la presión y el resultado es que se actúa arbitrariamente».

Y esa actuación arbitraria y la presión a la que fueron sometidas supuestamente los trabajadores sociales encargados de la baremación de las familias fue trasladada a la Junta de Personal, que «hizo piña en torno a las compañeras». Así lo recordaba ayer su presidente, Antonio Chico: «Cuando nos contaron lo que estaba ocurriendo, nos pareció muy grave. No dábamos crédito a lo que estábamos oyendo. La presión a un funcionario público, que sólo debe regirse por las leyes y las normas es intolerable. Y más en un tema tan sensible y en una ciudad con tanta necesidad de viviendas». Chico asegura que a diferencia de otras quejas de empleados municipales, estas trabajadoras no quisieron guardar su caso en el cajón por miedo a las represalias y no se opusieron a que su representación sindical elevara un escrito al fiscal.

«Lo que ha pasado también debe de servir para que ante cualquier posible atropello, se acuda a los órganos de representación. No nos podemos callar. Los empleados públicos deben trabajar en libertad», decía ayer el presidente de Autonomía Obrera y miembro de la Junta de Personal, quien era comedido en su valoración acerca del proceso judicial que ahora se abre. «Toca esperar y respetar el trabajo judicial».

La Asociación Pro Derechos Humanos fue otra de las voces que alertaron de que el proceso de adjudicación podría estar cuajado de irregularidades. Según los datos a los que habían tenido acceso y que hicieron públicos hace meses, el 85% de los adjudicatarios finales había entrado por la vía de la excepcionalidad, la cual se reconoce por la situación de emergencia social del demandante. Esa información la remitieron al Defensor del Pueblo Andaluz.

En su día, la concejala Mercedes Colombo, ahora señalada en la denuncia de Fiscalía junto a la edil Carmen Sánchez, acusó a la asociación de mentir.