Las transferencias de financiación tendrán fiscalización previa
La Junta aumenta los controles sobre el sistema de traspaso de fondos a sus entes instrumentales, cuestionado por el fraude de los ERE
Actualizado:Desde ahora las transferencias de financiación que se realicen desde el Gobierno andaluz hacia sus entes instrumentales, es decir las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios, deberán ser fiscalizadas antes de ser concedidas. En respuesta al mal uso de estos fondos que ha puesto de manifiesto en caso ERE, y en cumplimiento del anuncio realizado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su investidura, el Boletín Oficial de la Junta publicó ayer la orden de la Consejería de Hacienda por la que se establecen mecanismos adicionales para controlar estas transferencias y también aumentar el papel de la Intervención, cuestionado en el sumario que investiga la jueza Alaya.
La magistrada considera que las transferencias de financiación constituyen el mecanismo de pago de los ERE fraudulentos, el «fondo de reptiles», en palabras de uno de los principales implicados, Javier Guerrero, desde el que se «cebó», en palabra de Alaya, la partida presupuestaria 31L. Además, la jueza cree que el uso de estas transferencias constituye una 'trama' organizada por los altos cargos de la Junta de Andalucía para otorgar las ayudas de manera arbitraria y sin control administrativo.
De este modo, desde ayer los traspasos de fondos a los llamados entes públicos instrumentales andaluces se sujetarán a un reglamento específico de fiscalización previa y posterior.
Se trata, dijo el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, de establecer un control «más estricto». «No es que antes no existiera», explicó, pero «el control es siempre a posteriori y nosotros hemos querido a priori establecer un mecanismo que refuerce lo que ya se venía haciendo», dijo en Málaga a la agencia Europa Press.
La orden de Hacienda detalla las reglas generales y los elementos que la Intervención deberá revisar tanto en las fases de otorgamiento que se establecen, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. También serán fiscalizadas las modificaciones presupuestarias que incrementen los créditos de las transferencias de financiación, uno de los extremos que también investiga Alaya.
También como novedad a partir de ahora la Intervención General queda facultada para acordar que determinados procedimientos de subvenciones las agencias públicas tienen atribuidas puedan ser sometidas a un informe previo suspensivo
Asimismo, la norma establece, por primera vez, un cauce de coordinación entre las actuaciones que se realizan en estas dos fases (fiscalización previa y control posterior de la actuación de la entidad perceptora). Además, la Intervención podrá paralizar el expediente de gasto de transferencia de financiación a un ente, en caso de que éste haya sido objeto de un informe de actuación, indica el texto.
En cuanto al incremento del control a posteriori, Hacienda faculta a la Intervención ahora para realizar revisiones adicionales trimestrales sobre el ejercicio en curso. Además, se examinará la información rendida por la contabilidad oficial de la Junta de Andalucía y el tratamiento contable dado por las entidades instrumentales, la correcta aplicación contable de las transferencias de capital, y un seguimiento específico de control financiero con base en los presupuestos de explotación y capital de las entidades y sus programas de actuación, inversiones y financiación.
La modificación normativa fue valorada por el secretario general del PSOE-A, Juan Cornejo, como el cumplimiento del compromiso adquirido por la presidenta Susana Díaz, mientras que la secretaria general del PP-A, Loles López Gabarro, insistió en que, a pesar de ella, Díaz debe «dar la cara» en el presunto fraude de formación.
Por su parte Antonio Maíllo, el coordinador general de Izquierda Unida, reclamó que estos mecanismos adicionales se extiendan a «todo el sector económico de la Junta» y arrimó el mérito a su formación, porque dijo que medidas como ésta contribuyen a algo fundamental para su coalición en su participación en el Gobierno andaluz, «el control, fiscalización y transparencia» de los fondos públicos.
Entre tanto, la jueza tomó declaración como imputados a dos ex directivos de Barbadillo por las ayudas a dos empresas de la Sierra Norte, Matadero de Sierra Morena y Al Ballut, a quienes Anticorrupción ha pedido 4 millones de fianza civil.