Ni ilegalidad ni disculpa

La crisis de Gobierno en Andalucía por el realojo provisional de varias familias desalojadas previamente de la llamada Corrala Utopía ha sido un fenómeno político sorprendente, y no sólo por la cantidad de medias verdades lanzadas sobre tan delicado asunto desde la irresponsabilidad y la demagogia. Jamás antes había visto a una presidenta acusar sin pruebas a una de sus consejeras de salirse de la legalidad y, en base a ello, retirarle parte de sus competencias, para devolvérselas intactas al día siguiente sin dar cuenta de ilegalidad alguna, ni deshacer ninguno de los actos de la consejera, todos demostradamente legales (y, a mi modesto entender, justos y justificados). No hubo ilegalidad de la consejera Elena Cortés, que ha aguantado el envite sonriente y sin achicarse, pero increíblemente tampoco ha habido disculpa de la presidenta Susana Díaz, que debería superar sus celos por la consejera roja y preocuparse más de poner la lupa en los largos años de desmanes del PSOE en la Junta de Andalucía, desmanes que por cierto no se producen desde que Izquierda Unida forma parte del Gobierno y le controla de cerca cada movimiento. No es en absoluto casual que la presidenta haya puesto en la diana a una consejera que sanciona a las entidades financieras, defiende la función social de la propiedad y despide a contratados a dedo socialistas de sus empresas públicas. Desde aquí puede oírse el rechinar de dientes del PSOE, al que personalmente este lector prefiere gobernando en coalición que a sus anchas.