Los tijeretazos en el gasto público continuarán, al menos, hasta 2017

Las «duras y dolorosas» medidas de ajuste -en palabras del propio presidente Mariano Rajoy- que el Gobierno viene adoptando desde finales de 2011 se perpetuarán en los próximos años. Así se lo ha comunicado ya a la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad para 2014, aprobado el miércoles, aunque sin abundar en demasiados detalles sobre aquellas.

El Ejecutivo se ha comprometido a reducir hasta finales de 2017 el peso del gasto público sobre el Producto Interior Bruto (PIB) desde el 44,9% con que cerró el año pasado -frente a una media del 49,8% en la UE- hasta el 40,1%, lo que supone 48.000 millones de euros menos, teniendo en cuenta que España registró en 2013 un PIB superior al billón de euros (1.023.000 millones, según la última estimación).

A la hora de justificar ante Bruselas cómo podrá cumplir el objetivo de convergencia a medio plazo, el Ministerio de Hacienda presenta un panorama de consolidación de los recortes; de hecho, habrá más. Este año llegarían a los 4.000 millones -el gasto público se reducirá al 44%-, incluido un ajuste adicional de 150 millones en la atención sociosanitaria, revisando tanto «el perfil de los beneficiarios» como «el alcance de la cartera de servicios».

Esa «optimización» de los recursos sanitarios, término acuñado en esta crisis por el Gobierno para no hablar de recortes, se cuantifica hasta ahora en cerca de 1.800 millones anuales, a los que habría que añadir otros 2.800 por el tijeretazo en el gasto farmacéutico. Y la tendencia se mantendrá en los próximos años pues, por ejemplo, en 2016 prevé que las autonomías se ajusten en 1.605 millones en atención médica.

La educación, una partida que se habrá reducido en más de 6.000 millones entre 2012 y 2017 conforme a las estimaciones del Ejecutivo, también perderá otros 485 millones extra este ejercicio. Ese peso recaerá de nuevo en las comunidades, que tienen transferidas las competencias en ambas materias.

En esa senda de consolidación de los ajustes, el Gobierno se reserva el importe mayor para después de las próximas elecciones generales, en principio previstas para el otoño de 2015. Este año, el gasto público sobre el PIB bajará al 44%, para descender al 43% el próximo, es decir, en torno a 19.000 millones entre los dos ejercicios previos a la reválida de Mariano Rajoy en las urnas.

De ganar esos comicios y, por tanto, verse comprometido a mantener sus estimaciones ante Bruselas, en 2016 las Administraciones deberían apretarse el cinturón en otros 13.000 millones, para ajustar 16.000 más en 2017. Sin embargo, el peso de los gastos en intereses pasará del 3,4% de 2013 al 3,8% dentro de cuatro años, es decir, 4.000 millones más pese a la buena marcha actual de la deuda.

60.000 millones en déficit

Fuentes gubernamentales, no obstante, alegan que en sus previsiones han tratado de ser «conservadores», de manera que no haya descuadres de gastos imprevistos e incluso quepa la posibilidad de que el ajuste requerido para cumplir con el déficit -que habrá de pasar del 7,1% del año pasado (incluidas las ayudas a la banca) al 1,1% de 2017, lo que supone un esfuerzo de 60.000 millones- resulte al final algo menor.

Por capítulos, el Ejecutivo estima que la recuperación progresiva, aunque lenta, del mercado de trabajo permitirá reducir en 4.000 millones el gasto cíclico en prestaciones por desempleo. Amén de en educación y sanidad, donde el ajuste entre 2012 y 2017 superará los 15.000 millones. En la remuneración de los funcionarios y otro personal público, el recorte acumulado desde 2013 llegará a los 18.000 millones, mientras que el consumo de las administraciones caerá en más de 30.000 millones hasta quedar en el 17% sobre el PIB.

El recurso a la tijera, por tanto, continuará pese a que los ingresos aumenten los próximos cuatro años, aunque de forma más modesta. Pasarán de suponer el 37,8% respecto al PIB en 2013 al 39% en 2017, lo que supone 12.000 millones más. Y se deberán fundamentalmente a las medidas impositivas aprobadas por Hacienda, tanto subidas como eliminación de deducciones y otros beneficios -además de lucha contra el fraude-, que supondrán un aumento de la recaudación de 17.103 millones entre 2013 y 2014.

Aún con los 5.307 millones que el Gobierno espera retornar a ciudadanos y empresas por la reforma fiscal entre 2015 y 2016, a las arcas públicas les quedará un saldo positivo por esas medidas de 11.796 millones. No resulta extraño, por tanto, que se prevea que la presión fiscal ascienda desde el 33,1% que registró en 2013 al 34,7% dentro de cuatro años, y eso con una deuda bruta que estará casi cinco puntos por encima de la actual (93,9% del PIB).