Incompetencia en el corredor de la muerte

Clayton Lockett no era ningún santo. En enero de 1999, después de desvalijar una casa con dos de sus compinches, robó una flamante furgoneta con dos adolescentes dentro. Golpeó brutalmente a una de ellas, la obligó a contemplar la tumba que le cavaban, le pegó dos tiros y ordenó que la enterrasen, a pesar de que aún seguía viva.

Con todo, recordó ayer su propia madre con el corazón encogido, «la Constitución dice que no debe sufrir» mientras lo ejecutan. Se suponía que Lockett, de 38 años, estaba inconsciente cuando el médico de la prisión estatal de Oklahoma le inyectó por vía intravenosa dos dolorosos fármacos que le hicieron retorcerse de angustia y dolor, ante la mirada horrorizada de los testigos. La primera de las drogas estaba destinada a paralizar lentamente su sistema respiratorio. La segunda, el corazón.

Los padres de Stephanie Nieman, que habían protestado durante años por la «pacífica muerte» que se le daría al asesino de su única hija, comprobaron aliviados que no «se durmió tranquilamente». Por el contrario, el recluso, pese a estar atado, dio una patada al aire, giró la cabeza y musitó palabras ininteligibles para quienes estaban al otro lado de la ventana, mientras a su abogado Dean Sanderford se le escapaban las lágrimas.

«¡Oh, tío!», exclamó después el recluso con un gesto de dolor, mientras sacudía la cabeza de lado a lado e intentaba levantarse de la camilla a la que estaba atado. Fue entonces cuando el médico observó que a Lockett le había estallado la vena por la que se le había insertado el catéter y ordenó cerrar la cortina. La docena de periodistas que contemplaban el espectáculo intercambiaron miradas de espanto. «Nada de esto había pasado nunca en ninguna ejecución que hayamos contemplado desde 1990, cuando el estado (de Oklahoma) restituyó las ejecuciones utilizando la inyección letal».

«Las venas le explotaron»

Clayton Lockett tardó 43 minutos en morir, y lo hizo de un ataque al corazón, no por el cóctel letal, que dejaron de inyectarle cuando quedó claro que todo estaba saliendo mal. «Quieren salvarle para poder matarle otro día», dijeron sus abogados después de ser convocados a la sala de ejecuciones, donde en aquel momento se producía un cruce acelerado de llamadas telefónicas.

«Las venas le explotaron», explicó ante los periodistas el director del Departamento de Correccionales, Robert Patton. Según este responsable de las penitenciarías, los médicos no saben decir qué cantidad de fármacos letales llegaron a entrar en su organismo. Lo que está claro es que los 50 miligramos de Midazolan, el sedante con el que empezó la macabra ceremonia, no le dejaron inconsciente, como estipuló el médico.

Desde que en 2011 la compañía Hospira dejó de fabricar pentotal, los 32 estados que aplican la pena de muerte han experimentado con diferentes fármacos para cumplir con el requisito constitucional de que las ejecuciones no pueden suponer un sufrimiento añadido al condenado. En octubre, Florida fue el primero en utilizar este fármaco, nunca antes usado para ejecuciones, pero aplicó cantidades cinco veces superiores a las dispuestas en Oklahoma. «Si esa primera droga no lo anestesia profundamente, será consciente de cómo le falta el aire, se le paraliza el cuerpo y sufre un infarto», explicó entonces Megan McCracken, experta en inyecciones letales para pena de muerte en la Universidad de California.

El Supremo de EE UU ha sido tajante al resolver que las ejecuciones de penas capitales no pueden convertirse en una forma de tortura, sino que deben llevarse a cabo sin dolor, de manera rápida y eficaz. Sin embargo, la Corte se ha negado a estudiar los casos en los que los abogados atribuían al personal de la prisión una falta de preparación para ejercer esta tarea en esas condiciones. El caso de Oklahoma figurará sin duda en los archivos que le presenten los abogados como prueba de que los actuales métodos quedan lejos de ser humanos, según admitió ayer el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.

Los diferentes estados se niegan incluso a dar a conocer de dónde sacan los fármacos, por temor de que las compañías que se los proporcionan sufran represalias comerciales de otros países o al menos un considerable coste de imagen, pero los turbios procedimientos han deparado en más de un caso productos contaminados.

El horror de Lockett ha servido para cancelar temporalmente la ejecución de Charles Warner, prevista para dos horas después y que a ya creyó haber ingerido su última cena. El estado de Oklahoma tiene ahora 14 días para investigar lo sucedido, y Warner otros tantos para volver a imaginar su muerte.