Anticorrupción se suma a la petición de anulación de la fianza de Magdalena Álvarez
La Fiscalía no solicitó medidas cautelares y mantiene que no pueden fijarse porque la investigación no ha terminado
SEVILLA.Actualizado:Mientras se sigue a la espera de la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el recurso contra la imputación de Magdalena Álvarez, la Fiscalía Anticorrupción se ha adherido al recurso que la exconsejera de Economía y exministra formuló contra la fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros que le impuso la jueza Alaya el pasado mes de marzo, por su presunta implicación en la llamada «trama política» del caso ERE.
La Fiscalía, que mantiene serias divergencias con la instructora, se suma a la petición de anulación por coherencia con su posición anterior, pues no pidió ninguna caución tras la declaración de la exconsejera, por considerar que la investigación no estaba terminada y no se podía cuantificar la cantidad presuntamente malversada bajo su mandato, según indica Efe.
El abogado de Magdalena Álvarez recurrió la fianza civil por considerarla «abusiva» y «presidida por un fin estigmatizador y punitivo, fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad en que se sostiene pero manifiestamente inconstitucional». El letrado apela a la nulidad del auto por vulneración del derecho a la presunción de inocencia al efectuarse «un juicio anticipado de culpabilidad, desbordando las funciones propias del juez de instrucción», ya que Alaya aludía a la «probabilidad cierta» de que Álvarez sea condenada.
Además, considera que la fianza «no se ajusta a derecho», pues fue acordada «sin que ninguna de las partes personadas llegara a haberlo solicitado válidamente», al haberse producido tras la anulación de la primera imputación, y «no se celebró comparecencia alguna sobre adopción de medidas cautelares».
Además ayer la defensa de los exdirectores generales de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera pidieron la suspensión de sus declaraciones, previstas para el 12 de mayo, al entender que la causa debe ser elevada al Supremo por «señalar» a personas aforadas, según recoge Europa Press.