Una vocal del Poder Judical asegura que la reforma del aborto criminaliza a la mujer

Dos meses después de que la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Pilar Sepúlveda, elevara un primer borrador sobre su ponencia de la ley del aborto sus argumentos se mantienen intactos: la reforma es anacrónica, criminaliza a la mujer, restringe sus derechos y debería devolverse al Ejecutivo para su retirada.

Sepúlveda trasladó ayer a sus compañeros del Consejo su propuesta definitiva para su estudio y debate. El otro informe en liza correrá a cargo de la vocal Carmen Llombart, de perfil conservador y menos crítica con el anteproyecto. Ambas deben diseñar una propuesta común o dos diferentes para su votación definitiva en el pleno del Consejo, compuesto por 20 vocales más el presidente Carlos Lesmes. Como existe una mayoría conservadora es poco probable que las propuestas de Sepúlveda, de perfil progresista, salgan adelante.

En su informe definitivo, la vocal aconseja retirar el anteproyecto pues a su juicio aleja a España de los países de su entorno y supone «un retroceso en el avance de los derechos y de la igualdad de las mujeres ya que anula el control por las mismas de su vida reproductiva impidiendo las posibilidades de participar en la economía y vida social de la nación a un nivel igual que los hombres».

La vocal, elegida a propuesta del PSOE, añade que el texto «vincula la interrupción voluntaria del embarazo a un control del Estado que incide de manera injustificada en su derecho a la intimidad, imponiendo la continuidad de la tutela del feto durante todo el embarazo pero muy especialmente durante los primeros meses no con la madre sino contra la madre, lo contrario de lo sostenido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Riesgos y restricciones

Sepúlveda asegura que la vigente ley, aprobada en 2010, prevé una regulación que sigue el modelo mixto y más extendido entre los países del entorno de España, basado en el sistema de plazos y de indicaciones para los casos de grave riesgo para la mujer embarazada y de anomalías fetales, las conocidas como indicaciones terapéutica y eugenésica.

Sin embargo, advierte de que el anteproyecto del Gobierno opta por regresar al esquema de 1985, basado en el establecimiento de indicaciones tasadas que aleja a España de la práctica europea mayoritaria y de las recomendaciones de las organizaciones internacionales y sitúa a la regulación española en el ámbito de las más restrictivas en la materia.

También pone de manifiesto que la reforma representa un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas «extralegales» o «paralegales» que generó la legislación de 1985, con abortos clandestinos, turismo abortivo e incluso «el tan denunciado fraude en la aplicación de la ley».

Para Sepúlveda es «un régimen aún más restrictivo en el que la mujer embarazada y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación, la dignidad, la vida y la integridad decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido, que no es titular de un derecho a la vida, sin que ello suponga que carezca de protección constitucional».