Alaya rehúsa trocear el sumario de los ERE porque prevé terminar la investigación en «breve plazo»

La jueza Mercedes Alaya ha vuelto a vaticinar la terminación de su investigación de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos en un corto periodo de tiempo. En concreto, la magistrada señala en un auto que «estima» que su instrucción concluya «en breve plazo». Solo una línea que ha suscitado una gran expectación por cuanto hace ya tres años y cuatro meses que inició la investigación de un caso de corrupción que toca de lleno los gobiernos socialistas de la última década de la Junta de Andalucía y por el que ya ha imputado a 166 personas, entre ellas 20 exaltos cargos, y señalado como tales a otros siete que están aforados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Sin embargo no es la primera vez que Alaya vaticina la conclusión en poco tiempo de su investigación tras la petición en este sentido que el pasado verano le hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río. El pasado 11 de noviembre, en el auto que volvía a imputar a Magdalena Álvarez, la jueza pidió tiempo y calma para concluir la instrucción, cuyo final, aseguró entonces, «no está lejos».

Esta vez ha sido un poco más concreta al utilizar el término «breve». Lo hace en realidad para rechazar la división del sumario en distintas piezas como le ha pedido insistentemente la Fiscalía anticorrupción para que las partes en las que aparecen aforados sean elevadas al Tribunal Supremo. Ha sido en un auto en el que rechaza la petición fiscal de suspender las declaraciones a tres empresarios de la Sierra Norte emitido horas antes de hacerlos entrar a su despacho para interrogarles. Aprovecha el auto para rechazar también otra petición de la Fiscalía en el mismo sentido para que suspendiera las declaraciones de los exdirectores generales de Presupuestos José Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, a los que ha citado para el día 12 de mayo.

Los fiscales advierten de que la investigación tanto de las ayudas a la Sierra Norte como las del «procedimiento específico» tocan ya a aforados, por lo que la instructora no es competente para seguir las pesquisas y estas corresponden al Supremo. En el caso de las ayudas porque la Guardia Civil señala al exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, como persona clave. En el del procedimiento por el que están imputados Lozano y Aguilera porque la magistrada ya preimputó por ello a siete aforados, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán. Los fiscales piden a la jueza que suspenda las declaraciones hasta que se pronuncie sobre ello la Audiencia de Sevilla.

Alaya volvió a desobedecer a la Fiscalía en insistió en defender la «importancia en el momento actual de mantener la continencia de la causa, sin perjuicio de lo que resulte una vez concluidas las diligencias que necesita esta instructora para dar por concluida la investigación, lo cual se estima en breve plazo».

Fallos contradictorios

Alaya ya justificó en otro auto de marzo su negativa a trocear en numerosas piezas el sumario (la fiscalía pide una por cada ayuda a empresas). Dijo entonces que se correría «el riesgo de fallos contradictorios» que podrían derivar en un «un auténtico caos procesal», ya que hay implicados en unas y otras piezas. Insiste en terminar la instrucción con todo en un mismo sumario, que suma ya miles de folios.

En consecuencia, Alaya tomó declaración al tándem José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuyas sociedades recibieron 34,2 millones de euros en ayudas según la Unidad Operativa de la Guardia Civil; y a Eduardo Manuel Lora. Solo este quiso prestar declaración, mientras que los otros dos se acogieron a su derecho a no hacerlo. La jueza les acusa a los tres de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Lora, gerente de Virgen del Espino, aseguró que Viera prometió en una visita a la empresa una subvención de 600.000 euros, que luego recibió.

La Fiscalía solicitó para todos fianzas civiles millonarias. En el caso de Rosendo y Sayago, 25,7 millones de euros, mientras que para Lora solicita 1,5 millones de euros de responsabilidad civil.