La madre de un seguidor de Mursi llora ante la corte de Minia. :: REUTERS
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Un tribunal egipcio condena a muerte a 683 islamistas

La sentencia de la polémica corte de Minia impone la pena capital a Mohamed Badie, líder supremo de los Hermanos Musulmanes

EL CAIRO. Actualizado: Guardar
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Parecía imposible que el juez Said Yusuf pudiera batir el macabro récord que instauró el mes pasado cuando condenó a muerte a 529 personas, pero el polémico magistrado de Minia consiguió ayer superarse y recomendó la pena capital para otros 683 acusados, entre ellos el guía supremo de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie. La siniestra sentencia lleva a una nueva dimensión la campaña de represión que las nuevas autoridades egipcias están llevando a cabo contra la disidencia islamista y de la que no se libra la oposición revolucionaria, como demostraba ayer otro tribunal, que prohibió las actividades del grupo que inició la revuelta contra Hosni Mubarak en 2011, el movimiento 6 de Abril.

«No hemos podido defender a nuestros clientes en el juicio y tampoco hemos podido verlos o reunirnos con ellos», denunció a este diario el abogado Ali Kamal, que coordina además la defensa de los opositores al golpe de estado del pasado verano. Los condenados habían sido acusados de participar en la oleada de disturbios que se produjeron el pasado agosto tras el desmantelamiento de dos acampadas de protesta en El Cairo, en la que murieron cientos de seguidores del presidente Mohamed Mursi pero, según el letrado Kamal, en el juicio no se presentaron ni pruebas contra los acusados, ni se siguieron los procedimientos más básicos. En todo el país fueron atacadas iglesias, comisarías de policía y edificios públicos. Dos policías murieron en los casos sobre los que se ha pronunciado el juez Yusuf, que no ha explicado cómo un grupo tan abultado de personas pudieron tener un papel significativo cada uno de ellos en el asesinato de los agentes.

Las mismas irregularidades se produjeron en el primer macrojuicio, que tuvo lugar en marzo, y del que el juez Yusuf decidió ayer mantener la pena de muerte para 37 de los acusados y conmutó la sentencia a cadena perpetua para los 492 restantes tras la revisión -no vinculante- del caso por parte del gran mufti. Los expedientes de los 683 condenados ayer han sido remitidos también a la oficina de la máxima autoridad religiosa de Egipto. La sentencia final se conocerá el 21 de mayo, y aún queda la apelación. Solo 267 de las más de 1200 personas condenadas en ambos juicios se encuentran en manos de la justicia, el resto han sido juzgados en rebeldía.

Arrestos arbitrarios

Los casos están repletos de historias como la del hermano de Um Abdelrahman, que trabajaba en una farmacia y al que la Policía fue a buscar para que les acompañara a la comisaría para poner una inyección a un agente. «Después de no saber nada de él durante cuatro días nos enteramos de que lo habían incluido en este caso por ser, según dijeron, seguidor de los Hermanos Musulmanes, lo que no es cierto», señala por teléfono desde Minia, a unos 250 kilómetros al sur de El Cairo.

«Quizás lo más preocupante de todo este caso es que el juez aseguró al final de la sesión que 'había tenido piedad con unos condenados que no se la merecían', e incluso animó a la Fiscalía a recurrir la atenuación de la sentencia (del primer caso)», aseguró a este diario el presidente del sindicato de abogados de Minia, Jaled el Kumi.

Mohamed Badie, de 70 años, es uno de los 70 acusados en este caso que se encuentran detenidos. Como guía supremo de la hermandad, es el máximo líder espiritual del grupo, que ya había sido encarcelado en el pasado bajo las presidencias de Gamal Abdel Nasser y Hosni Mubarak. Si su pena se confirma el mes que viene, Badie se convertirá en la persona de mayor liderazgo de la hermandad condenada a la pena capital desde que Sayed Qutub, uno de sus principales ideólogos, fuera ejecutado en 1966, un ajusticiamiento que provocó la radicalización de una parte de los seguidores del grupo, que empuñaron las armas contra el Estado.

Ilustrando también esta idea, el Tribunal de Asuntos Urgentes prohibió las actividades del movimiento 6 de Abril, al que acusó de recibir financiación extranjera y de intentar dañar la estabilidad de Egipto.