Secretos bajo siete llaves

¿Es acertado que más de 50 años después de los hechos ocurridos documentos oficiales relacionados con ellos sigan guardados en armarios bajo siete llaves? Este es el debate que desde hace más de tres años se da en España, un país en el que no existe un tiempo máximo durante el que un archivo puede permanecer oculto en un cajón bajo la etiqueta de 'clasificado'.

Hasta ahora la polémica solo había agitado los sectores de la investigación, pero la publicación del libro 'La Desmemoria' de Pilar Urbano lo ha llevado también al primer plano político. En él, la autora apunta a una supuesta participación del Rey en el 23-F, una posibilidad ante la que el grupo de la Izquierda Plural solicitó la desclasificación de toda la documentación confidencial sobre el golpe de Estado y que permanece custodiada en un armario 33 años después de que Antonio Tejero tomara el Congreso.

La petición para sacar a la luz todos los papeles sobre la asonada ha puesto de manifiesto que España se encuentra muy lejos del resto de países occidentales en cuanto a la gestión de documentación clasificada. En Estados Unidos el material reservado ve la luz a los 25 años, un plazo que se eleva hasta los 50 en el caso de que, a través de él, se pueda identificar algún agente o fuente confidencial que lo haya facilitado. En Reino Unido, la publicación se produce a los 30 años salvo en casos que se puedan considerar especialmente delicados.

En España por el contrario, no existe ningún plazo para que un documento deba revelarse. Esta es una prerrogativa que corresponde al Gobierno. Sin fechas límite ni obligaciones de ningún tipo. Por eso, aún existen en los cajones de los distintos ministerios documentos 'secretos' que van desde la Guerra Civil al final de la dictadura franquista.

A modo de victoria menor, la Comisión de Cultura del Congreso aprobó por unanimidad el 7 de abril una proposición no de ley para emplazar al Gobierno a inventariar todo el material clasificado anterior a 1968 para que, después, el Ejecutivo decida qué parte es la que se puede poner a disposición del público. «¿Qué hay que ocultar años o siglos después?», fue la pregunta que lanzó ante la Comisión de Cultura Chus Gómez, diputado de la Izquierda Plural.

Solo con consenso

Con respecto al 23-F, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mostró disposición a desclasificar el material almacenado siempre y cuando se dé un «amplio consenso». No obstante, advirtió de que a veces «las expectativas no se cumplen», en relación a que esos documentos quizá no aporten nada nuevo sobre lo sucedido. Si una vez que se conozcan esto es así, la pregunta será entonces por qué han permanecido tanto tiempo en la sombra.

La revisión de la actual política de secretos oficiales es una reclamación permanente entre historiadores, periodistas e investigadores en general, que piden allanar lo que definen como un camino repleto de trabas. Trescientos de ellos firmaron en julio pasado un manifiesto en el que abogaron por ello. En su protesta lamentan que sea más fácil acceder a información sobre España en los archivos de otros países que en los nacionales.

Uno de los impulsores de esta iniciativa es Carlos Sanz, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense. Para él la situación actual en España no solo es restrictiva sino que además ha supuesto un retroceso. «En los ministerios de Exteriores o Defensa era más fácil acceder a información reservada en la Transición que ahora», se queja antes de asegurar que esta es una tendencia contraria a la transparencia a la que se dirige el resto del mundo.

El profesor achaca parte del problema a que ni si quiera se sabe lo qué se ha catalogado como secreto. Así, mientras que en países como EE UU o Reino Unido existe un ejército de archiveros, en España se ha escatimado presupuesto para ello. «No se sabe lo que hay clasificado», denuncia Sanz que reconoce que cuando un investigador solicita acceso a un documento nunca sabe lo qué se va encontrar porque, contrariamente a lo que dice la ley, no existe una lista o inventario de lo que se ha clasificado.

Según Sanz, lo aprobado el 7 de abril por el Congreso no puede considerarse ni siquiera un parche a la actual situación. Incluso podría ser un paso atrás. «¿Por qué fijar como límite 1968 cuando en la mayoría de países la desclasificación es a partir de los 30 años?, se pregunta. Ello, añade, unido a que al tratarse de una proposición no de ley su cumplimiento depende solo de la voluntad del Gobierno, que en ningún caso está obligado a nada. Mientras que EE UU ha sacado a la luz casi todo lo relacionado con la guerra de Vietnam y Reino Unido ha hecho lo propio con la de las Malvinas, en España aún se debate sobre si se es correcto hacer lo mismo con la Guerra Civil.