Los estudiantes venezolanos desafían la ley de manifestación
Salen a la calle sin la autorización que desde ayer es obligatoria para quienes pretendan convocar una protesta en la vía pública
LA HABANA. Actualizado: GuardarLa Justicia de Venezuela ha ilegalizado la protesta pacífica espontánea. Quien exprese su oposición a cacerolazos o cortando calles sin permiso podrá ser dispersado por la Policía y procesado por desobediencia. La medida perjudica a los opositores que llevan dos meses de protestas. Desafiantes, dirigentes estudiantiles aseguraron ayer: «Seguiremos en la calle».
La sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó en la sentencia 276 que la falta de autorización «limita de forma absoluta el derecho a la manifestación pacífica, impidiendo así la realización de cualquier tipo de reunión». Interpretaba así artículos de la Carta Magna y respondía una solicitud del alcalde de Guacara, Gerardo Sánchez, del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela.
El Tribunal precisó que el derecho a la manifestación «no es un derecho absoluto» y autorizó a policías estatales, nacionales y Guardia Nacional Bolivariana a actuar para «asegurar el derecho al libre tránsito» dispersando concentraciones no autorizadas. Y ordenó a la policía local a ayudar a los cuerpos de seguridad a mantener el orden público si se altera por una protesta ilegal. Según la Sala, alcaldes, gobernadores y jefes de distrito, además de autorizar o negar los permisos, pueden modificar las peticiones formuladas por ciudadanos.
El fallo se emitió después de que, sin esperar la autorización, líderes estudiantiles anunciaron una marcha hacia el centro de Caracas. A los jóvenes adversarios del gobierno chavista no les importa el formalismo. «Seguiremos en la calle», aseguró el secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Juan Requesens, durante el Foro con motivo del 30 aniversario de Cedice Libertad en el que participa Mario Vargas Llosa.
En términos similares se pronunciaron Jesús Armas, joven concejal del municipio Libertador y miembro de Primero Justicia, y Vilca Fernández, estudiante de la Universidad de Los Andes. «No habrá resolución del TSJ que lo impida», dijo Armas. «¿Será que el régimen nos va pedir permiso para masacrarnos en las calles?», se preguntó Fernández, quien precisó que la crisis actual no es causada por la protesta, sino que la protesta se debe a la crisis actual. Otros opositores sostienen que el fallo es «inmoral» e «inconstitucional». Si vivieran en España opinarían igual pues también es necesario el permiso.
Mientras el debate continuaba, el presidente Nicolás Maduro estaba satisfecho porque el diálogo avanza: firmó un acuerdo con 700 empresarios para reactivar la economía y especialmente el sector automotriz para vender coches a precios justos.
