El tribunal de Estrasburgo condena a España por las devoluciones en caliente

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) asestó un duro golpe a la política reiterada de España de practicar las conocidas como devoluciones en caliente, es decir, expulsar a inmigrantes inmediatamente después de que estos alcancen territorio español, aún cuando soliciten derecho de asilo.

Una sentencia del tribunal de Estrasburgo hecha pública ayer condena a España por ordenar la deportación de 30 saharauis sin esperar a la resolución de sus peticiones para obtener protección internacional. Los inmigrantes llegaron a bordo de pateras a Fuerteventura en 2011 y 2012. Lo hicieron huyendo del campamento de Gdeim Izik, a doce kilómetros de El Aaiún, que había sido desmantelado por la fuerza por la Policía marroquí.

Una vez en España, todos ellos alegaron el peligro que correrían sus vidas en caso de ser devueltos al país vecino. No obstante, el Ministerio del Interior aprobó la expulsión sin esperar a resolver sus expedientes al asegurar que sus peticiones resultaban «contradictorias e insuficientes». Con un criterio contrario, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) informó de que eran «coherentes» y con los «indicios suficientes» para ser aceptadas.

La decisión de Interior fue recurrida sin éxito ante la Audiencia Nacional por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Tras recibir una nueva negativa, la ONG acudió al tribunal de Estrasburgo, que en un primer momento paralizó las órdenes de expulsión y dos años después ha terminado por darle la razón.

La corte europea ordena ahora que se frenen las devoluciones a Marruecos de los 30 inmigrantes hasta que sus peticiones de asilo hayan sido resueltas por la administración. En la sentencia no se entra a valorar si los saharauis deben recibir asilo o no, algo que, se señala, corresponde decidir al Gobierno español o a sus tribunales en caso de recurso. No obstante, sí se refleja que la orden de Interior de expulsar a los inmigrantes viola el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este establece que toda persona tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional.

Estrasburgo también critica que la legislación española carezca de un mecanismo con efecto suspensivo automático que paralice la devolución de quienes pidan asilo hasta que la decisión sobre su caso sea definitiva. Esta es, precisamente, la ausencia en la que se basó la negativa de la Audiencia Nacional para frenar las expulsiones cuando se le presentó el caso. El fallo resalta que, tal y como establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos, España debe garantizar a estas personas la permanencia en su territorio hasta la conclusión de sus procesos.

Nuevas vías

La decisión del TEDH -el mismo órgano que anuló la doctrina Parot- no es vinculante para otros casos pero sí que pone en entredicho la actual política del Gobierno en torno a las devoluciones sobre la marcha. Según afirma CEAR, la sentencia de Estrasburgo evidencia que «actualmente en las fronteras no se están garantizando los derechos de las personas solicitantes de asilo». La ONG también advierte de que acudirá a la corte en casos similares, una vía que, reconoció, «hasta ahora ha sido poco explorada en España» y que puede convertirse tras esta última resolución en una útil herramienta para frenar estas situaciones. CEAR hizo por último un llamamiento al Gobierno para que reforme la actual legislación con el objetivo de adecuarla a lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El miércoles de la pasada semana siete subsaharianos que llegaron a las islas Chafarinas fueron llevados a Marruecos tras permanecer más de 30 horas en suelo español y pese a haber presentado solicitudes de asilo. Uno de los casos más significativos se produjo el 6 de febrero. Entonces fueron devueltos de inmediato los 23 inmigrantes que lograron alcanzar a nado la playa ceutí del Tarajal. Otros quince subsaharianos que les acompañaban murieron ahogados en el intento.