El frágil acuerdo de Ginebra deja en manos de Putin el futuro de Ucrania

El acuerdo alcanzado ayer en Ginebra entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea es frágil porque estará sujeto a las interpretaciones que más adelante quiera hacer Moscú, la verdadera parte fuerte en el actual conflicto, pero su contenido podría representar un buen inicio para distender la explosiva situación que reina desde hace semanas en el este de Ucrania.

El punto más importante de esta hoja de ruta lo constituye la obligación que atañe a las milicias separatistas prorrusas de desarmarse, disolverse y desalojar los edificios oficiales que ocupan en diez localidades. Los miembros de estos destacamentos se beneficiarán a cambio de una amnistía, siempre y cuando no estén implicados en delitos graves. La cuestión es si aceptarán y quién les instará a entrar en razón, ya que Rusia niega cualquier vínculo e influencia sobre ellos.

El Kremlin se ha salido con la suya de imponer a Kiev una reforma constitucional de corte «federalista», que responda a las aspiraciones de los ciudadanos de la parte oriental. Ahí está la trampa, porque a Rusia pueden parecerle insuficientes los esfuerzos que se hagan en esta dirección. Una misión especial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) será la encargada de verificar el cumplimiento de lo acordado y de asistir en esta tarea a las autoridades ucranianas.

En su tradicional baño de masas televisivo, que ayer se prolongó por espacio de casi cuatro horas, el presidente ruso, Vladímir Putin, dejó caer de nuevo la amenaza de intervención militar directa en el país vecino. Respondiendo a la pregunta de un telespectador sobre si Rusia enviará tropas al este de Ucrania, Putin trasladó «una gran confianza en no tener que hacer uso de este derecho y en que con medios políticos y diplomáticos lograremos resolver estos graves, por no decir gravísimos, problemas que padece hoy Ucrania».

La luz verde sigue en pie

El pasado 1 de marzo, el jefe del Gobierno de Crimea, Serguéi Aksiónov, que acababa de ser nombrado para el cargo bajo la presión de los hombres armados que tomaron la Asamblea local de la península, solicitó ayuda militar a Putin. Éste reaccionó de inmediato e instó al Consejo de la Federación (Cámara Alta del Parlamento ruso) a concederle todos los poderes necesarios para lanzar el Ejército ruso sobre Ucrania en el momento que lo estime oportuno.

Tal necesidad fue justificada por la «extraordinaria situación» en el país vecino y «la amenaza que pesa sobre la vida de los ciudadanos rusos, de nuestros compatriotas, de las fuerzas armadas rusas desplegadas allí». Se refería fundamentalmente a Crimea, pero también al resto de Ucrania. El jefe del Kremlin sigue teniendo hoy día luz verde para emplear las tropas sin tener que dirigirse nuevamente al Senado.

También en el contexto del programa 'Línea Directa', en el que Putin viene participando prácticamente cada año desde que llegó al poder, negó categóricamente que en el este de Ucrania operen saboteadores enviados desde Rusia. «No tenemos allí ninguna unidad militar rusa. No hay servicios secretos ni tampoco instructores. Son todos gentes del lugar», afirmó en alusión a las milicias separatistas prorrusas.

No obstante y sugiriendo que hay razones históricas para una intervención militar en el este de Ucrania, el jefe del Kremlin recordó que las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Járkov, Jersón, Nikoláyev y Odessa formaron parte del imperio zarista y, tras la creación de la Unión Soviética, los dirigentes comunistas las pusieron bajo la dependencia administrativa de Kiev. Así se hizo más tarde también con Crimea. «¿Por qué lo hicieron? Dios sabe», exclamó y advirtió de que esos rusos que se quedaron en territorio ucraniano deben ser «ciudadanos de pleno derecho en su nuevo país».

Según su opinión, la clave para garantizar un arreglo pacífico en Ucrania es el respeto de los derechos de los rusoparlantes. Desde hace semanas, Moscú habla de la necesidad de una «federalización» del Estado ucraniano y de la convocatoria de una consulta popular para reformar la Constitución. Deploró además el «grave crimen» que supone que Kiev envíe tropas al este para acabar con la sublevación armada prorrusa.

Sin embargo, Putin aclaró que «no se trata de que se celebre un referéndum sobre descentralización y federalización, después elecciones y, seguidamente, cambiar el modelo de Estado. Se trata de garantizar los derechos legales y los intereses de los rusos y los rusoparlantes del sur y este de Ucrania». Según sus palabras, «haremos todo por ayudar a esa gente a defender sus derechos y a decidir por sí mismos su futuro». Lo mismo dijo de la población eslava de la región moldava de Transnistria, de facto independiente de Moldavia desde comienzos de los 90 y donde los separatistas desean, al igual que en el caso de Crimea, su incorporación a Rusia.

Putin vivió una jornada redonda que completó con una verdadera guinda en forma de burla hacia Obama: la de sacar por televisión al filtrador Edward Snowden, que le preguntó si Rusia espía a sus ciudadanos como lo hace EE UU. La cínica respuesta del jefe del Kremlin ya era lo de menos.