La mayor estafa de un sistema podrido

La Junta de Andalucía ha reaccionado como suele. «Es un complot», dice su portavoz. «Es una falta de respeto», clama el consejero. Aparecen los voceros que hablan de intereses políticos y puede ser que, como cada suceso, tenga indirectos beneficiados y perjudicados. Pero esa mezquina calderilla interesa tan sólo a los que viven en (y de) los partidos políticos. Al resto de ciudadanos les parece una minucia, incluso un insulto irritante, discutir si esto beneficia al PP o perjudica al PSOE. Sea o no cierto, qué más le da. Su única preocupación es saber si realmente han desaparecido 2.000 millones de euros que iban destinados a paliar el paro de miles de ciudadanos andaluces. Su única preocupación es saber si unos cuantos, cientos, miles, al parecer, de sinvergüenzas se han quedado con los fondos destinados a paliar la plaga del desempleo. Meter la mano en los fondos destinados al alivio de la mayor lacra social en Andalucía, robar dinero del paro en la zona con más parados de la Unión Europea, equivale a traficar con medicamentos en una zona asolada por una epidemia, a desviar alimentos en un territorio herido por una hambruna. La mayor de las necesidades sociales, convertida en moneda de cambio para algunos aprovechados que alimentan su avaricia con el dinero de todos, destinado al auxilio de los que más lo necesitan. Ni más, ni menos. El problema crece cuando la administración encargada de velar por el correcto reparto de esa gran montaña de dinero público se muestra incapaz de hacerlo en una negligencia, en una incompetencia que roza lo delictivo por la cuantía de lo desviado, por lo necesario de su correcto uso, por lo amplio del tiempo en el que se cometieron las presuntas irregularidades, por la llamativa cantidad de personas implicadas. Tanto, tantas, que cabe pensar que todo el sistema está podrido.