La hora de la austeridad llega a Francia

Francia ya sabe en qué consistirá la cura de austeridad anunciada por el presidente socialdemócrata François Hollande para cumplir el compromiso europeo de reducción del déficit público al 3% de la riqueza nacional en 2015. La congelación de los sueldos de los funcionarios así como de las pensiones y de las prestaciones sociales, a excepción de las más bajas, es la principal receta del drástico plan de recortes del gasto público en 50.000 millones de euros de aquí a 2017 adelantado ayer por el primer ministro, Manuel Valls.

El mayor tijeretazo en la historia reciente del país fue acogido de manera glacial por el socialismo gobernante y con la hostilidad de sus sectores más a la izquierda, que se sintieron «aterrados» por medidas «inaceptables» y «muy desfavorables a las clases modestas y populares». Mientras la oposición conservadora reclamó reformas estructurales y la extrema derecha habló de «violencia social», los sindicatos acusaron al Gobierno de ser «duro con los débiles y débil con los duros» mediante una política «brutal» que, a su juicio, va a incrementar la precariedad y la pobreza, con el riesgo de deslizar la economía francesa hacia la deflación.

«No es Europa la que nos impone estas opciones», se justificó Valls en una declaración institucional pronunciada al término del Consejo de Ministros flanqueado por los titulares de las carteras concernidas por la purga presupuestaria. «No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Hay que romper la lógica de la deuda que nos ata las manos», argumentó al recordar que el gasto público representa el 57% del Producto Interior Bruto (PIB) y que la deuda había pasado del 50% del PIB en 2002 al 90% al final del mandato del anterior presidente, el conservador Nicolas Sarkozy, en mayo de 2012. En la actualidad se sitúa en el 93,4%.

El primer objetivo de los ajustes estriba en financiar la rebaja en 30.000 millones de euros de las cotizaciones que pagan las empresas para que puedan ser más competitivas. Con ese dispositivo, denominado 'pacto de responsabilidad', se pretende aminorar los costes laborales para, en palabras de Valls, «dar al tejido económico la capacidad de afrontar mejor la competencia, desarrollar mejor sus actividades y ponerse a contratar, sin que sea necesario cuestionar nuestras reglas sociales, en particular el salario mínimo», cuestionado por la patronal.

El plan será aprobado el próximo miércoles por el Consejo de Ministros y sometido a la consideración de la Cámara de Diputados el día 30 antes de ser presentado para su validación en Bruselas a primeros de mayo.

Esfuerzo en protección

Los 50.000 millones de ahorro en el gasto público entre 2015 y 2017 se desglosan de la manera siguiente: 18.000 millones a cargo de la Administración del Estado, 11.000 millones en las administraciones territoriales (regiones, provincias y municipios), 10.000 en atención sanitaria y 11.000 en otras prestaciones sociales. Es decir, casi la mitad del esfuerzo, 21.000 millones, afectará a la protección social.

Valls confirmó la congelación del índice a partir del cual se calcula la remuneración de los más de cinco millones de funcionarios en Francia, que permanece bloqueado desde 2010. Los recortes afectarán a todos los sectores ministeriales salvo educación, policía y justicia. Las prestaciones sociales, que aumentan cada año en función de la inflación (del 0,7% en 2013), no se revalorizarán hasta octubre de 2015. Los únicos subsidios que seguirán indexados a los precios serán el salario social, la pensión mínima por vejez y las ayudas a adultos discapacitados.