La resolución del Constitucional paraliza la expropiación de 144 pisos a punto de desahucio

La resolución del Tribunal Constitucional de mantener la suspensión cautelar de parte de la Ley de Medidas para la Función Social de la Vivienda de Andalucía, conocida como la ley antidesahucios, tendrá como consecuencia inmediata la paralización sine díe de los 144 expedientes de expropiación de pisos a punto de desahucio que la Consejería de Fomento tramitaba en estos momentos.

La decisión, a la que se han opuesto cinco de los doce magistrados del pleno del alto tribunal, suspende la parte de la ley que hace referencia a las expropiaciones temporales de viviendas en fase de desahucio de familias en peligro de exclusión social; la sanción de hasta 9.000 euros a entidades bancarias que no pongan en alquiler pisos vacíos; y la definición de casa deshabitada. Los magistrados no entran en el fondo de la ley andaluza, pero la suspensión es definitiva hasta que se dicte sentencia, lo que puede tardar varios años.

La orden ha sido un duro revés para la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige Elena Cortés (IU), justo en la semana en la que se ha visto envuelta en la polémica del desalojo de varios pisos de okupas a los que su departamento había protegido. El realojo de varias de estas familias en pisos de la Junta desencadenó la mayor crisis de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida desde que empezó la legislatura hace dos años.

Mientras dicta sentencia, el Constitucional da la razón al Gobierno de Rajoy, que el pasado 18 de junio recurrió la ley para evitar que desestabilizara el sistema financiero español, en el punto de mira de Bruselas tras el rescate comunitario de más de 40.000 millones de euros.

Desahucios pendientes

La suspensión deja en el aire el futuro de 39 familias (16 en Málaga y 3 en Granada) a punto de ser desalojadas de sus casas por impago, cuyos expedientes de expropiación a las entidades para que sigan en ellas al menos tres años están terminados o avanzados.

La Consejería de Fomento seguirá insistiendo a los jueces que no ejecuten el alzamiento mientras no haya una sentencia sobre el conflicto planteado por el Gobierno, si bien desde el departamento de Elena Cortés se es consciente de que es una decisión difícil. Hay otras 105 peticiones cuyos trámites están muy embrionarios, por los que Fomento teme que no pueda ayudarles si el juez decide seguir con el embargo.

En Fomento entienden que la decisión no afecta a dos casos cuyos expedientes de expropiación ya están terminados y publicados en el BOJA: el de María del Carmen Andújar, una limpiadora que cobra menos de 300 euros mensuales con dos hijos menores en el hogar y un marido en paro; y la de la familia de Omar Abattouy, cuyo hogar en Torremolinos fue el segundo expropiado. Según Fomento, el recurso «no tiene efecto retroactivo» y ambos expedientes ya habían sido aprobados cuando el Gobierno recurrió.

Sanciones

Respecto a las sanciones a pisos vacíos, aún no se había iniciado ningún expediente. Sin embargo, el auto del Constitucional deja vigente otro apartado de la ley que permite sancionar a los bancos que no pongan a disposición de las listas municipales las viviendas de protección oficial vacías que obtengan por desahucios o daciones en pago.

La consejera de Fomento, Elena Cortés, anunció el pasado día 3 en el Parlamento que ha abierto ocho expedientes sancionadores de hasta 11,5 millones de euros a otras tantas entidades financieras por no poner 185 viviendas protegidas a disposición de los registros locales.