La utopía de la vivienda social

El caso de los okupas de la Corrala Utopía en Sevilla y la actuación de la Junta en este conflicto han sacado a la luz un problema enquistado desde hace años. ¿Quién tiene las competencias para construir pisos sociales? ¿Qué administración es competente para realojar a las familias sin recursos? ¿De quién depende la baremación? La Consejería de Fomento de la Junta, en manos de IU, tiró por la calle de enmedio con los okupas de la Corrala y les dio una vivienda social saltándose a la torera el listado de demandantes. Esta acción ha puesto de manifiesto que la concesión o no de un piso depende del político de turno. La decisión de la consejera Elena Cortés ha provocado una de las mayores crisis de gobierno que se conocen en Andalucía y ha estado a punto de hacer saltar por los aires el pacto con el PSOE. Finalmente, los representantes del Gobierno bipartito han firmado la paz con el único motivo de mantener el sillón que les da de comer.

Sin embargo, detrás de esta medida personal se abren serias dudas sobre la gestión de las políticas sociales. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, salió ayer a la palestra para contrarrestar con datos las palabras del responsable territorial de Fomento, Manuel Cárdenas, que la acusaba de inmovilismo en este sentido. ¿Cómo puede acusar Cárdenas de inactividad social al Ayuntamiento de Cádiz con la situación de Matadero? La Junta ha entregado con varios años de retraso las primeras cien viviendas sociales de realojo construidas en el antiguo Matadero de Cádiz y aún no ha desarrollado la segunda fase para levantar otras cien.Se da la circunstancia de que fue el Consistorio el que cedió ese suelo a la Junta hace ahora quince años. La administración competente es la Junta y no es de recibo que el Gobierno regional quiera colocar a los ayuntamientos como escudos de su ineficacia.