La Audiencia Nacional se niega a archivar los casos sobre el Sáhara y Guantánamo

Pablo Ruz se rebela. El juez de la Audiencia Nacional se niega a dar carpetazo a sus investigaciones sobre las presuntas torturas a cuatro presos de Guantánamo y por el genocidio en el Sáhara, pese a la entrada en vigor de la reforma de la justicia universal que limita la competencia de los tribunales españoles en los delitos cometidos en el extranjero.

En el caso de Guantanamo, que investiga los malos tratos a cuatro presos, entre ellos al ciudadano español Hamed Abderrahmán Ahmed, Ruz acuerda incoar sumario por delitos de torturas y contra la integridad moral, en concurso con uno o varios delitos de crímenes de guerra.

En su auto el juez analiza la situación creada con la nueva ley de jurisdicción universal para concluir que de acuerdo a la nueva norma el delito de torturas y el de crímenes de guerra no se podrían perseguir, a pesar de que una de las víctimas de la querella tiene nacionalidad española, porque no se cumple el requisito de que el procedimiento vaya dirigido contra un español o extranjero residente en España. Ahora bien, el juez explica que, a la luz de los tratados internacionales suscritos por España, «nos encontraríamos ante una evidente colisión entre la regulación según derecho interno de la norma habilitadora de la extensión de la jurisdicción penal y las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales previamente ratificados y que integran nuestro ordenamiento jurídico».

En el caso de la excolonia, rechaza archivar la investigación abierta a raíz de una querella por genocidio y otros delitos contra varios militares marroquíes. En un auto, el juez acuerda continuar el procedimiento puesto que los hechos se cometieron «en territorio que a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión», entre noviembre de 1975 y el 28 de febrero de 1976.