La Junta asegura que cumple la legalidad en la adjudicación de viviendas sociales en Cádiz

El desbarajuste de la Corrala Utopía ha salpicado de lleno a Cádiz, donde unos y otros toman la gestión realizada en los últimos días por la Junta de Andalucía, y en concreto por la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, con las familias que habían sido desalojadas de la misma. Si hace unas semanas el Ayuntamiento de Cádiz manifestaba que lo ocurrido en Sevilla no es más que el reflejo de «lo que sucede en Cádiz con las viviendas sociales de la Junta», el delegado territorial del ramo, Manuel Cárdenas, ha defendido hoy que en la provincia su partido «se pone al lado de la mayoría» y cumple al «cien por cien la legalidad» en cuanto a la adjudicación de viviendas, sujetas a lo que dicta el Registro de Demandantes de Viviendas o a los casos de exclusión social.

Cárdenas ha puesto de manifiesto que la mejor prueba de la acertada gestión que IU lleva a cabo al frente de la Consejería es que desde que forman parte del Gobierno andaluz han entregada en Cádiz «247 viviendas, contando las que vamos a entregar en la calle Torre en los próximos días». Frente a esto ha dicho que el Ayuntamiento sólo ha entregado 8 llaves. Manuel Cárdenas no ha pasado por alto los problemas que rodearon a la adjudicación de las 102 viviendas de Matadero, cuya segundo fase reclama el Ayuntamiento, manifestando que entonces se concedieron hasta 37 declaraciones de exclusión social para adjudicar los pisos, «más del doble que en la Corrala», ha dicho.