Juego de trileros con las viviendas sociales

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, vivió hace dos semanas uno de los plenos municipales más tensos que se recuerdan en San Juan de Dios. Todo empezó cuando dos mujeres, que han okupado ilegalmente dos viviendas, tomaron la palabra para exigir un piso ante la amenaza de desahucio. Martínez no se arrugó por los gritos y reproches. Al contrario. Ofreció una solución de urgencia a esas familias, pero siempre respetando la legalidad. En Cádiz, más de un millar de familias está en lista de espera para acceder a uno de los pisos municipales. No vale con gritar en un Pleno para que el político de turno afloje y abra la mano. La ley es igual para todos. Sin embargo, este principio fundamental no lo cumple IU, que hace de cada caso de exclusión social su particular lectura. Los hechos ocurridos en Sevilla con la Corrala Utopía dan la razón sin fisuras a la alcaldesa de Cádiz.

La consejera de Vivienda, Elena Cortés, ha actuado a las bravas y se ha plegado a las reivindicaciones de los desahuciados de la Corrala entregando pisos sin atender la lista de demandantes. Esta situación ha generado una profunda crisis de gobierno, ya que la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, ha firmado un decreto mediante el cual le retira las competencias de Vivienda a IU, su socio de gobierno. De momento, las espadas están en alto y la coalición de izquierda no da su brazo a torcer a la hora de aceptar que la decisión de Cortés ha sido un error. El concejal de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, ha traducido esta situación con una frase elocuente: «la izquierda da viviendas por la cara y atraca supermercados». Este entrecomillado del edil gaditano es el reflejo de las últimas actuaciones de IU.