La reforma de la justicia universal obliga a dejar en libertad a otros ocho narcos

La reforma de la justicia universal puso ayer un doloroso punto y final a la 'operación Oriente', una de las más exitosas del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria en los últimos tiempos y que había contado con la cooperación de las fuerzas de seguridad de Francia e Italia. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez dejó en libertad a ocho narcos sirios que fueron capturados el pasado 16 de marzo en aguas internacionales a bordo del mercante 'Mayak', con bandera de Sierra Leona, cuando transportaban 12 toneladas de hachís.

El magistrado argumenta, como ya hiciera esta misma semana su colega Fernando Andreu para excarcelar a otros ocho narcotraficantes egipcios, que «le guste o no» no le queda otra opción que dar carpetazo a este sumario, ya que la reforma aprobada con los votos del PP establece que los tribunales españoles sólo tendrán jurisdicción para investigar la comisión de un delito cuando este se haya cometido en territorio nacional, esté involucrado un español o cuando existan indicios de que el grupo quería cometer el delito en España. Y no es el caso.

Todos los tripulantes del 'Mayak' eran sirios, el barco es de bandera extranjera, no hay constancia de que el navío quisiera desembarcar el hachís en España y el mercante fue abordado por el buque del SVA 'Fulmar' en el mar de Alborán, a solo 30 millas al sureste de Málaga, pero en aguas internacionales.

Convención

«En este caso no es posible considerar que los tribunales españoles tengan jurisdicción para la instrucción y enjuiciamiento de los hechos», señala en su resolución el instructor de la Audiencia Nacional. A juicio de Gómez Bermúdez, no puede aplicarse para este sumario, como sostiene la Fiscalía Antidroga, la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes cuyo artículo 17 establece «la necesaria cooperación entre los estados firmantes para eliminar el tráfico ilícito por mar». El juez se niega a aplicarlo «por la sencilla razón de que (esa convención) no establece la jurisdicción de los tribunales de los estados que auxilien o colaboren en la eliminación de ese tráfico ilícito». «El deber únicamente surge si el delito se ha cometido en nuestro territorio o en un buque con bandera española o una aeronave con registro en España», señala.

El magistrado, que ordena la destrucción de la droga intervenida, recuerda que «el juez debe aplicar la ley, le guste o no, aún cuando el resultado sea, desde su punto de vista, frustrante». «La vinculación del juez a la ley es la piedra angular del sistema de justicia y una de las mayores garantías para el ciudadano, pues le pone a cubierto de la arbitrariedad», abunda.

Gómez Bermúdez recuerda que varios jueces centrales ya se han pronunciado sobre el alcance de la reforma y, en concreto, en el caso del magistrado Andreu, sobre un asunto «prácticamente idéntico», del que comparte «plenamente» los argumentos. Esta misma semana, Andreu dejó en libertad a ocho ciudadanos egipcios detenidos en aguas de Almería cuando transportaban en un pesquero casi diez toneladas de hachís.