PSOE e IU evitan la ruptura de su acuerdo de gobierno en Andalucía

Los socios del Gobierno andaluz escenificaron ayer su reconciliación tras la crisis sufrida en los últimos días a cuenta del polémico realojo de las familias okupas de una corrala en Sevilla. Aunque desde IU llegaron a anunciar una suspensión temporal del acuerdo de Gobierno, que no del pacto, durante toda la tarde las conversaciones se centraron en acreditar la legalidad de la actuación en el realojo, como reclamaba el PSOE, amparándose en los informes jurídicos de la Junta. Las aguas empezaron a volver a su cauce cuando la Consejería de Fomento confirmaba con informes de los servicios sociales que las ocho familias realojadas se encontraban en riesgo de exclusión social, una situación no modificada desde que llegaron al bloque de viviendas bautizado como Utopía, y que por tanto necesitaban una solución urgente, como ordenaba el juez que dictó la orden de desalojo de la corrala.

Sin embargo, según fuentes socialistas, estos datos variaron a lo largo de la negociación, impidiendo saber con certeza quiénes habían sido los beneficiarios reales del realojo, una medida «temporal» y «excepcional» que no suponía una adjudicación, como repitieron ayer en numerosas ocasiones los responsables de IU con su coordinador regional Antonio Maíllo, a la cabeza.

La formación convocó de urgencia a primera hora de la mañana a su dirección colegiada, presidida por el coordinador federal, Cayo Lara, tras hacerse oficial en el Boletín Oficial de Andalucía el decreto de retirada parcial de competencias a la Consejería de Vivienda. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, amagó el jueves con publicarlo como medida de presión para que se certificase la legalidad de los realojos y que no se había producido ninguna alteración de las listas de espera de una vivienda pública.

Se trataba de un golpe de autoridad después de que los socios de Gobierno no hubiesen tenido en cuenta su rechazo a las condiciones en que se formuló el realojo. Y tras fracasar las largas negociaciones sin conseguir aclarar este punto, según fuentes socialistas, el decreto que traspasaba las políticas de adjudicación de viviendas públicas a la Consejería de Hacienda se hizo público ya de madrugada.

«La Consejería de Fomento ha actuado con absoluto rigor legal, no solo en el realojo sino en todas las actuaciones en defensa de la gente que ha sido víctima de la crisis y ha sido desahuciada», subrayó Maíllo, que no dudó en calificar el decreto de retirada de competencias como el detonante de una crisis profunda entre los partidos que sustentan el Ejecutivo andaluz. Tanto molestó la retirada de competencias que la coalición anunció que suspendía «momentáneamente» el acuerdo de Gobierno hasta que no se reviertan las competencias retiradas.

Tensar la cuerda

En la práctica, esta suspensión se traducía en que no se colaboraría a desarrollar el acuerdo programático firmado hace dos años que incluye la puesta en marcha de 28 leyes y un paquete de 250 medidas, pero los consejeros de IU tenían previsto seguir sentándose en el Consejo de Gobierno y firmando decretos.

Se trataba de tensar aún más la cuerda porque ninguna de las formaciones estaba dispuesta a romper el acuerdo, como manifestaron fuentes de PSOE e IU durante toda la jornada, y abrir una crisis de consecuencias inciertas en el seno de ambas formaciones en las puertas de las elecciones europeas. En la dirección federal de los socialistas estaban convencidos desde el principio de la crisis que «la sangre no llegaría al río», en palabras de Gaspar Zarrías, responsable de Política Municipal. Y así fue.

La propia Susana Díaz expresó su ánimo de colaborar para que se recuperara el diálogo y la prudencia, e hizo un llamamiento a «la responsabilidad de las fuerzas de izquierda porque por encima de todo está el reto de demostrar que otra política es posible -dijo-, pero siempre en el marco de la ley». De la necesidad de la estabilidad en Andalucía daba cuenta la presencia de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en Sevilla pidiendo diálogo; o del líder de IU respaldando la actuación de Fomento e instando a que la presidenta de la Junta a que reconsiderase su decisión de retirada de competencias para que «la normalidad absoluta siga en la vida política andaluza».

El Gobierno siguió muy de cerca la crisis en la Junta y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aprovechó para lanzar un recado. «La estabilidad es un valor importante para todos los gobiernos; este lo es, pero el de la Junta de Andalucía, no». Unas palabras que provocaron la inmediata reacción del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien afeó a la número dos del Ejecutivo su «falta de respeto institucional» con la intromisión en los asuntos del Gobierno andaluz.