Los transportistas paralizan Argentina

Con el apoyo de gremios clave, el sindicalismo opositor de Argentina consiguió paralizar ayer el país en una jornada de huelga nacional contra el Gobierno de Cristina Fernández. El paro fue convocado por tres de las cinco centrales sindicales con más peso y arrastró -sin quererlo- a partidos de izquierda, que se sumaron a la protesta con medio centenar de piquetes para obstaculizar el acceso por carretera a la ciudad de Buenos Aires. Las calles y avenidas de la principales ciudades del país lucieron desiertas durante toda la jornada, una imagen que no encaja con el apoyo real a la medida de fuerza. Muchos de los trabajadores que rechazaron el paro por «exagerado», «inoportuno» o «político» se vieron forzados a quedarse en casa al no funcionar el transporte público, mientras los gremios en desacuerdo con la convocatoria denunciaron presiones.

Se trata de la segunda huelga general que sufre el Gobierno de Fernández. La primera, convocada el 20 de noviembre de 2012, tuvo una repercusión mucho menor al no contar con el apoyo de los transportistas. En cualquier caso, los organizadores son los mismos: la Confederación General del Trabajo (CGT), liderada por el camionero Hugo Moyano -hasta 2011 oficialista-, la CGT Azul y Blanca, una central disidente encabezada por el opositor del gremio gastronómico Luis Barrionuevo, y la opositora Central de Trabajadores Argentinos (CTA) -hay otra oficialista-, de Pablo Michelli. Partidos trotskistas con minúscula representación política pero en ascenso dentro del sindicalismo también se sumaron a la huelga con piquetes que cerraron el paso en distintos accesos a la capital argentina. En uno de ellos, el de la autopista Panamericana, varios manifestantes resultaron heridos en los enfrentamientos mantenidos con la Gendarmería, que intentó desalojarlos.

Barrionuevo se felicitó por el «éxito» de la convocatoria -«con un seguimiento del 95%», dijo-, pero cuestionó la acción de los piquetes al impedir la circulación de vehículos privados por las principales carreteras del país. «La izquierda se ha plegado al paro. Nosotros no estamos de acuerdo con estos piquetes porque la gente quería transitar», dijo. No obstante, amenazó con una nueva huelga de 36 horas a finales de mes si el Gobierno no escucha sus demandas.

Las centrales convocantes protestan contra la inflación que carcome su poder adquisitivo y exigen la eliminación del impuesto a las ganancias que pagan los salarios superiores a 15.000 pesos mensuales (1.400 euros), cinco veces el salario mínimo. El Gobierno prevé elevar a 19.000 pesos -1.700 euros- el salario a partir del cuál se tiene que pagar la tasa. También piden un aumento de 32% en las pensiones mínimas y que los convenios -negociaciones salariales entre empresas y sindicatos que están en pleno desarrollo- no tengan un techo impuesto por el Ejecutivo. En los últimos días sumaron a esta larga lista de razones otras más generales como el aumento de la inseguridad y del narcotráfico en el país.

Por debajo de la inflación

Para Moyano ningún gremio debería aceptar un aumento menor a 32%, que es la inflación anual estimada por entidades privadas. No obstante, son numerosos los sectores que están cerrando acuerdos por debajo de ese porcentaje como por ejemplo, los docentes, banca, comercio y metalúrgicos, que aceptaron el 30%.

El paro contó con el apoyo de gremios clave en cada sector. En el transporte ferroviario, por ejemplo, se adhirieron los maquinistas, que tienen los salarios más altos y por eso deben pagar el impuesto a las ganancias. La Unión Ferroviaria, en cambio, se opuso. «Es una medida exagerada e inoportuna», dijo el sindicalista de trenes Sergio Sasia, cuyos afiliados no pudieron trabajar porque no había maquinistas. Los conductores de autobús también pararon, así como los trabajadores del sector aeronáutico.

En el metro bonaerense hubo conflicto. Los delegados habían anunciado que no participarían del paro salvo en una línea, aunque finalmente se vieron obligados a parar al sufrir varios sabotajes. Algo parecido ocurrió con los taxistas, que también habían adelantado que trabajarían. En Mar del Plata -provincia de Buenos Aires- les rompieron los cristales a varios vehículos que llevaban pasajeros. Tampoco se recogió la basura ni se entregó combustible en las gasolineras por el paro de camioneros.

Para el Gobierno la huelga fue «un gran piquete nacional con paro de transporte», según el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. «Pretenden sitiar los grandes centros urbanos», dijo, para aclarar que respeta el libre ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores.

La medida también fue cuestionada por opositores como el diputado Sergio Massa, quien rechazó sobre todo los piquetes. «Es una locura que para forzar el paro haya piquetes y cortes», dijo en un guiño a la huelga. También Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires y opositor al Ejecutivo de Fernández, consideró que el paro «responde a una interna que no conduce a nada».