PSOE e IU tratan de zanjar la crisis abierta tras el desalojo de varias familias okupas

Los socios del Ejecutivo andaluz no consiguieron anoche llegar a un acuerdo para intentar reconducir la crisis provocada por el realojo de una veintena de familias okupas desalojadas de una corrala el domingo. Aunque PSOE e IU -que continuarán hoy con la negociación- expresaron su voluntad, tanto en Andalucía como a través de las direcciones federales, de no romper su pacto de Gobierno, lo cierto es que a lo largo del día fueron incapaces de acercar posturas sin que ninguno quede desautorizado en un tema, el de la vivienda pública y su función social, que además han enarbolado como seña de identidad.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, fue tajante en la sesión de control en el Parlamento. «Haré lo que tenga que hacer para actuar dentro del marco de la ley, de la igualdad y de la justicia social», señaló para recordar que frente a los recortes del Gobierno Andalucía apostó por otra manera de hacer las cosas «dentro de la ley». Un mensaje dirigido a sus socios, a los que trataron de convencer de que realojar a las familias de la corrala suponía saltarse los turnos de quienes esperan también vivir en un piso de protección oficial.

Desde IU, sin embargo, insistieron en la cobertura legal de su actuación, defendiendo que, además de lo que determina la ley de función social de la vivienda, existe un «mandato imperativo» dictado por el juez que ordenó el desalojo de la corrala en el que conmina a las administraciones públicas a dar una respuesta de urgencia a los afectados en riesgo de exclusión. Así, la coalición no cesaba de repetir que el realojo en las escasas viviendas públicas que le quedan a la Junta, ofrecido a parte de las familias, o en alquileres del mercado libre era una medida «temporal» y «excepcional».

El desencuentro se remonta al miércoles. Ante la negativa del Ayuntamiento de Sevilla de realojar a las familias porque «una patada a la puerta no se puede utilizar como un antecedente para que se le asigne vivienda a alguien cuando hay otros que tienen el mismo o más derecho», según alegó el alcalde Juan Ignacio Zoido, la consejería decidió asumir el realojo. Los servicios jurídicos de la Junta expresaron su disconformidad por entender que se saltaban la lista de espera y les podían acusar de prevaricación. El PSOE, con la presidenta Díaz a la cabeza, se opuso a cualquier medida que no pasara por el respeto escrupuloso a la ley, pero IU, desoyendo a sus socios, decidió a última hora de la noche entregar las llaves a las familias acampadas.

Decreto sin publicar

El golpe de mano de Díaz llegó de inmediato. Decretó la retirada parcial de competencias a la Consejería de Fomento y Vivienda, cuya titular está en el extranjero, y dio la orden de abrir una investigación interna. Una reacción que desde IU consideraron excesiva para la gravedad de los hechos. Desde la formación no ocultaron que, de oficializarse el decreto, que estuvo todo el día sobre la mesa de la presidenta sin publicarse en el Boletín Oficial de la Junta, y por tanto sin efecto, podría romperse el acuerdo que sustenta el Gobierno. La propia Díaz reconoció que si se recobraba la legalidad, revocaría el decreto.

En IU hablaban de deslealtad. Entendían que todo podría haberse solucionado sin ruido en la reunión del comité de enlace entre ambos partidos, prevista para esta semana. Una reunión en la que participaron por el PSOE el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; el secretario de Organización, Juan Cornejo, y el portavoz, Mario Jiménez, mientras que a IU la representó el coordinador general, Antonio Maíllo; el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y el portavoz, José Antonio Castro.

En el ánimo de ambos partidos no estaba hacer saltar el pacto por los aires, al menos de momento, y trataron de minimizar el desencuentro hablando de «incidencia puntual» o «disparidad de criterio» pese a que la negociación se prolongó durante toda la jornada sin acuerdo, y sin que trascendiera dónde radicaban los escollos para normalizar la situación.