El Congreso notifica a Chaves el auto de Alaya por el caso de los ERE fraudulentos

Mercedes Alaya, la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, zanjó en apenas 48 horas la polémica por el envío de una pareja de la Guardia Civil al Congreso y al Senado para notificar un auto a los cargos públicos aforados y señalados en la investigación. Tras pedir «auxilio» al Tribunal Supremo, el presidente de la Cámara baja entregó ayer a primera hora de la tarde la notificación al expresidente Manuel Chaves y al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que con ese documento ya pueden personarse en la causa aunque todavía no están imputados. Un trámite que se repetirá en breve en la Cámara alta con el expresidente José Antonio Griñán.

Pese a las críticas por no seguir el procedimiento correcto, Alaya defendió en un auto su actuación y la justificó porque los agentes no habían logrado localizar a los aforados vinculados con la trama en sus domicilios. De ahí que la instructora optara el martes por acudir directamente a los presidentes de ambas cámaras, el lugar de trabajo de estos cargos públicos, para que fueran ellos quienes trasladaran la notificación a los aforados.

En la resolución dictada ayer, la juez explicó que los agentes actuaron como «meros portadores» para practicar la notificación, y se permitió deslizar una reconvención a los presidentes del Congreso y Senado por devolverle sus oficios sin entregarlos a los destinatarios ya que «lo mismo que para otras diligencias de ejecución de resoluciones judiciales, los poderes públicos han de prestar la colaboración necesaria de conformidad con el artículo 118 de la Constitución, en relación con el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Alaya no dudó incluso en defender el cauce establecido de manera oficiosa, y apuntó que se trata «de un criterio operativo o 'usus fori' informado por el Tribunal Supremo», aunque no esté «integrado en ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico». No obstante, y tras matizar que conoció por los medios de comunicación el rechazo de los presidentes de las Cortes a su envío, accedió por tanto a librar oficio para que el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le auxiliaran en la notificación de la resolución dictada en diciembre de 2013, en la que invitaba a los expresidentes Chaves y Griñán y a otros cinco exconsejeros andaluces, todos ellos aforados, a personarse en una causa en la que aparecen señalados «por si quisieran ejercer el derecho de defensa en dicho procedimiento».

«Burdo e ilegal»

Algunos de los afectados cargaron de nuevo ayer contra la actuación de la juez. Chaves calificó el episodio de «muy burdo y muy confuso», sobre todo porque no era la primera vez que la jueza cometía este error. Sin embargo no quiso pronunciarse sobre el contenido del auto. «Ya lo ha enviado y ya está. Es una notificación por el cauce legal y correcto, antes estaba cometiendo una ilegalidad», insistió.

Mientras el Supremo daba trámite a su petición y en apenas unas horas los aforados eran notificados, la Fiscalía Anticorrupción presentaba un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra la decisión de Alaya de no separar la causa para evitar riesgos derivados de sentencias contradictorias y al entender que todas las líneas de investigación mantienen una conexión «extraordinaria».

Según exponen los fiscales del caso, demorar más la elevación al Supremo de la parte referida a los aforados podría provocar que «personas presuntamente responsables de los hechos puedan quedar impunes por el mero transcurso del tiempo». Y consideran que de esta manera se podría además «minimizar notablemente los perjuicios que para la Justicia como valor de nuestro sistema constitucional conlleva la instrucción de hechos tan amplios y complejos como son objeto de esta causa», cuyo horizonte temporal, recuerdan, aún es incierto.

Como ya dijo a finales de la pasada semana, Anticorrupción mantiene que la investigación respecto al procedimiento implantado en la Junta de Andalucía para conceder ayudas de forma discrecional y al margen de cualquier control está agotado, de ahí que la juez no tenga más remedio que mandarlo ya al Supremo. Y apunta que la documentación que Alaya dice estar esperando no haría sino concretar aún más el papel de esos aforados.