Alaya rectifica y notifica a Chaves y Griñán la preimputación en los ERE a través del Supremo

La jueza Mercedes Alaya ha rectificado y ha utilizado la vía de los altos tribunales de justicia, el Supremo y el Superior de Andalucía (TSJA), para notificar a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y resto de exconsejeros de la Junta que están «preimputados» por el caso de los ERE fraudulentos.

Alaya pidió a los dos altos tribunales que le «auxilien» en la labor de hacerles llegar a los expresidentes y a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Crespo, el contenido del auto del 18 de diciembre en el que ella les señala como inmersos en la investigación del caso de los ERE para que puedan, en caso de que quieran, acudir a declarar a su juzgado y no verse indefensos.

Se trata de un resquicio legal que la jueza utiliza para no elevar el caso al Supremo, por estar aforadas las personas referidas por su condición de diputados, y continuar así la investigación de todo el sumario sin desgajarlo en piezas. Una jueza de instrucción no tiene potestad para investigar aforados. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remitió ayer mismo el escrito de Alaya al Congreso y al Senado. Manuel Chaves admitió al mediodía haber recibido la notificación. El expresidente de la Junta, no obstante, afirmó en los pasillos del Congreso, según recoge Europa Press, que no declarará ante Alaya. Si tiene que responder ante la Justicia lo hará ante el Tribunal Supremo, avisó.

En el auto que pide auxilio a los altos tribunales, fechado el pasado día 8 y conocido ayer, Alaya vuelve a justificar que ordenó a la Guardia Civil acudir al Congreso y al Senado con las notificaciones a los aforados ante la imposibilidad de localizar sus direcciones y entendiendo que ambas cámaras son «los domicilios laborales» de los cargos señalados. «La gente sabe dónde vivo y he tenido servicio de escolta domiciliario, por lo que decir que no se ha localizado mi domicilio suena a excusa», manifestó Chaves.

La jueza añade que las notificaciones sobre las preimputaciones iban en sobres cerrados a nombre de los presidentes de las dos cámaras, Jesús Posadas y Pío García Escudero. Ambos ordenaron, con el respaldo unánime de las mesas del Congreso y Senado, devolver los oficios a la jueza sin abrirlos al considerar que no era «el camino correcto», ya que Alaya no tiene rango para dirigirse a ellos. Una vez que la vía ha sido la correcta, los dos han hecho llegar la notificación a los disputados y senador sin dilación.

Sin noticia en el Parlamento

Ante las críticas de que fueran guardias civiles de paisano y armados los que llevaron los oficios, la jueza señala que actuaron «como meros portadores». Sobre la polémica en sí por haberse saltado el reglamento establecido, Alaya se excusa argumentando que la obligación de tramitar las notificaciones de los aforados a través del Supremo no está integrada «en ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico».

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, también confirmó haber recibido este jueves la petición de Alaya. Del Río manifestó, en una comparecencia con periodistas para presentar la memoria de 2013, que estudia la petición de Alaya, pero no quiso avanzar su resolución. Al cierre de esta edición aún no había llegado ninguna notificación del TSJA al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, relativa a los exconsejeros aforados. Del Río sí subrayó que el procedimiento utilizado por la jueza había sido «erróneo» y que el «legal y lógico» es tramitar todas las peticiones relativas a personas aforadas a través del Supremo y TSJA.