Empleo renuncia a que las mutuas den el alta médica por silencio administrativo

Los médicos del sistema nacional de salud se opusieron desde el primer momento y, con ellos, el Ministerio de Sanidad y las consejerías correspondientes de las Comunidades Autónomas: el cambio en la gestión de las bajas y altas de la incapacidad temporal por enfermedad común no podía incluir el silencio positivo para dar por aprobadas las propuestas de alta de los médicos de las mutuas. El anteproyecto de ley de mutuas que será probablemente aprobado por el Consejo de Ministros este mes para remitirlo al Parlamento no llevará finalmente la introducción de ese silencio positivo.

En la actualidad, cuando un trabajador está de baja, el médico de la mutua de su empresa hace el seguimiento y puede presentar una «propuesta motivada» de alta si considera que está en condiciones de trabajar, pero es el facultativo del sistema autonómico de salud el que debe aceptar o rechazar esa propuesta en un plazo de diez días; si no contesta, la propuesta de alta de la mutua no se lleva adelante.

El Ministerio de Empleo incluyó en el borrador del anteproyecto de ley de mutuas el silencio positivo, de manera que si el médico no justificaba la prolongación de la baja por enfermedad para rechazar la propuesta de la mutua en un plazo de cinco días, este alta se aplicaría de forma automática, aunque siempre con la posibilidad de recurrirla ante la inspección del Instituto Nacional de Seguridad Social. La polémica acompañó a este punto, que había sido solicitado desde la patronal, y el Ministerio ha acabado retirándolo. No obstante, se introducirá una fórmula alternativa que modificará «el peso de los actores en las bajas laborales», según fuentes solventes.

En todo caso, el anteproyecto de ley establece el uso de los recursos sanitarios de las mutuas que están infrautilizados para que sean aprovechados también por los servicios públicos de salud.

Ahorro de 500 millones

Las prestaciones por incapacidad temporal (IT) representaron un gasto de más de 5.000 millones de euros el año pasado y el Gobierno prevé ahorrar alrededor de 500 millones al año con las nuevas medidas. Precisamente el Tribunal de Cuentas ha remitido esta semana un informe al Parlamento donde denuncia que, entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013, la Seguridad Social abonó 341.350 procesos de incapacidad temporal sin contar con los partes médicos acreditativos de la baja, lo que «podría suponer la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social».

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, aseguró ayer antes de comparecer en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que han presentado alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas y que, en todo caso, esta cifra apenas representa el 2% del total de bajas laborales que gestiona la Seguridad Social y que suman más de 13 millones en el periodo analizado. Por otra parte, la recaudación de la Seguridad Social aumentó en abril un 2,85% y alcanzó los 7.730 millones de euros. «Es el cuarto mes en que esta tasa presenta valores positivos y de intensidad creciente», señaló el secretario de Estado. Llama la atención que la afiliación a la seguridad Social no ha subido más del 1% mientras que la recaudación está creciendo al 2,8%.

No obstante, habrá que esperar a ver el efecto de la tarifa plana de 100 euros al mes para los nuevos contratos indefinidos que supongan incremento de plantilla, ya que los expertos advierten de la pérdida de ingresos que puede suponer para la Seguridad Social. Frente a ello, el secretario de Estado recalcó que lo importante para el futuro del sistema es aumentar el empleo.