Viera concedió 32 millones de euros a una empresa en la que trabajaba su hija

El último atestado de la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil dedica un apartado al exconsejero de Empleo José Antonio Viera y concluye que este tuvo «una participación esencial» en la consecución de ayudas a la sierra norte de Sevilla y en concreto al grupo Matadero Sierra Morena, un conglomerado de empresas propiedad de los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago. A este grupo se le concedieron 32,6 millones de euros de los 55,7 millones que fueron a parar a la sierra norte de Sevilla procedentes de la partida presupuestaria 31L de la Consejería de Empleo investigada por la jueza Alaya.

La Guardia Civil llega a la conclusión de que el ahora diputado socialista en el Congreso ( y por tanto aforado) tenía «relaciones e intereses de ámbito personal y quizás también por afinidades políticas» para propiciar que diera instrucciones a su subordinado, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, para que concediera tantas ayudas al tándem Rosendo-Sayago incluso para que continuasen cuando abandonase la consejería.

La UCO señala entre los intereses que pudo tener el exconsejero el que su hija, Sonia Viera, trabajaba para una de las empresas de la sociedad. Cita que de los 24 convenios que la Junta, a través del IFA, suscribió con el tándem Rosendo-Sayago por importe de 13,2 millones de euros, «20 se efectuaron durante el periodo en el que José Antonio Viera fue máximo responsable del IFA y su hija, Sonia Viera, trabajadora de este grupo».

Según la Guardia Civil, Viera conocía que los fondos de la 31L carecían de la fiscalidad exigida y que se prescindía del procedimiento para la concesión de las ayudas. «Bajo su responsabilidad se había incumplido la protección de los recursos públicos y los principios de objetividad y eficacia», dice.

«Se ha podido determinar coincidencias de índole política entre los beneficiarios de las ayudas y los que las pudieron conceder», afirman los agentes que añaden que estas relaciones «han podido ser un factor determinante para que se haya originado la defraudación masiva de los fondos públicos investigados».

Sobre José Caballos, diputado histórico en el Parlamento, señala que no habría tenido participación en la concesión de las ayudas, pero sí que las hubiera conocido. Su hijo Jesús también trabajó para el grupo Rosendo-Sayago.