Posadas reprende a Alaya: «Parece obvio que este no es el procedimiento»

El Congreso y el Senado cegaron ayer el atajo que la jueza Mercedes Alaya quería utilizar para tratar de que los expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y su exconsejero Juan Antonio Viera declarasen en el procedimiento de los ERE fraudulentos sin tener que ceder la instrucción de esta parte de la causa al Tribunal Supremo.

La Mesa de la cámara baja acordó por unanimidad devolver a la magistrada los escritos dirigidos a los diputados Chaves y Viera, unos oficios que la Guardia Civil entregó en su nombre al presidente del Congreso, Jesús Posada. «Parece obvio que este no es el procedimiento, la jueza ha utilizado un canal erróneo», comentó el máximo responsable de la cámara. Lo mismo hizo el órgano rector del Senado con el escrito para Griñán.

Los documentos, unos sobres cerrados que no se abrieron, podían contener, según fuentes cercanas al caso, una oferta de la jueza a Chaves, Griñán y Viera para que declarasen voluntariamente en su juzgado dentro del procedimiento que se instruye por este presunto fraude a la Junta de Andalucía. La Fiscalía ha solicitado en dos ocasiones a la magistrada que traslade la pieza referida a ambos al Supremo dada la condición de aforados de los dos diputados y de Griñán como senador, pero la instructora se resiste con el argumento de que aún no ha concluido la investigación y que falta por llevar a cabo diversas pruebas.

Los agentes, vestidos de paisano pero armados, dijeron el lunes por la noche a los funcionarios del Parlamento que llevaron los escritos a la cámara porque, al parecer, no pudieron localizar a los interesados en sus domicilios particulares. Los empleados firmaron el recibí a los guardias civiles.

La declaración voluntaria es la única fórmula que tiene la juez de preguntar a los dos dirigentes socialistas andaluces sobre la causa porque para escucharlos como imputados debería ceder la instrucción al Supremo, ya que están aforados en ese tribunal por ser parlamentarios nacionales.

Reincidente

La Mesa del Congreso acordó también reiterar a Alaya, porque ya le hizo la misma observación a finales del año pasado, que no puede enviar escrito oficial alguno al presidente del Congreso ni a ninguno de sus miembros porque el único tribunal que tiene fuero para dirigirse a esta alta institución del Estado es el Supremo. Posada comunicó la incidencia al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por si cree necesario tomar alguna medida disciplinaria con la instructora de la causa.

El PSOE calificó de «esperpéntica» la actuación de Alaya y su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, mostró su sorpresa por la forma de actuar de la juez porque «la ley es clara y taxativa» para estos casos. También el portavoz de IU en la cámara, José Luis Centella, se declaró «sorprendido y preocupado» por la conducta «inapropiada» de Alaya.

La juez del caso de los ERE fraudulentos hizo en el Senado lo mismo que en el Congreso. Los agentes de la Guardia Civil al no encontrar en su domicilio al expresidente de la Junta y senador, José Antonio Griñán, a quien Alaya también considera implicado en la investigación, entregó el oficio en la cámara alta con la instrucción de que se hiciera llegar al presidente de la institución, Pío García-Escudero. La Mesa del Senado también acordó por unanimidad devolver los documentos a la jueza. El procedimiento «no es el correcto», comentó el presidente de la cámara alta, que también informó de los hechos al presidente del Poder Judicial.