Desarticulada una red que iba a enviar a Irán material para fabricar misiles

Efectivos de la Jefatura de Información de la Guardia Civil han desarticulado una organización radicada en Cataluña y Baleares que pretendía introducir en Irán, violando los embargos internacionales, maquinaria industrial e información tecnológica susceptible de ser empleadas para fabricar misiles e, incluso, que podría haber sido utilizada para construir artilugios relacionados con el uso militar de energía nuclear.

Los agentes detuvieron en la operación 'Terracota' a cuatro personas, tres iraníes y un español, en Barcelona, Tarragona y Palma de Mallorca, acusados de haber creado una madeja empresarial de firmas pantallas para contrabandear material prohibido al régimen de Teherán. Además, la Guardia Civil llevó a cabo cuatro registros en viviendas y sedes sociales de esas empresas de Tarragona y Palma de Mallorca, desde donde se coordinaba la red.

Todo comenzó en 2013, cuando los servicios de inteligencia españoles y la Guardia Civil detectaron que empresas sin actividad aparente en España estaban interesadas en la compra de dos máquinas de conformado de metales. Se trata de ingenios industriales de posible doble uso, según las normas internacionales. Esto es, máquinas que pueden ser empleadas en el sector civil para modelar todo tipo de metales, pero también en el militar para elaborar desde 'camisas' para misiles a otros artilugios de uso bélico.

Según mandos de la investigación, lo que llamó la atención a los agentes es que los ahora detenidos tenían especial interés en hacerse con máquinas de conformado muy particulares y especialmente fáciles de transformar para la industria armamentística. De hecho, todas las sospechas se confirmaron cuando la red entró en contacto con una empresa del sector de la defensa en Reino Unido, que finalmente facilitó las máquinas a la red.

Seguimiento

El exhaustivo seguimiento de la Guardia Civil de esta operación desde su origen permitió comprobar que la organización de contrabandistas logró introducir la maquinaria en España sin declararla, ocultando así en todo momento que su verdadero destino era Irán. Según Interior, los dos aparatos estaban en España a la espera del «momento óptimo» para hacerlos llegar a Irán a pesar de las sanciones contra el régimen de Teherán por su programa de enriquecimiento nuclear.

De acuerdo con el instituto armado, con la operación 'Terracota', dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Tarragona, «se ha frustrado el envío a Irán de unas máquinas sometidas a control, ya que pueden ser utilizadas en la fabricación de carcasas de misiles, así como de los elementos usados en las centrifugadoras de gas empleadas en los procesos de enriquecimiento de uranio». El envío a Irán hubiera supuesto, al menos, la violación de tres tratados internacionales de control de armas, el del Grupo de Suministradores Nucleares, el del Régimen de Control de Tecnologías de Misiles, o el del Arreglo Wassenaar.

Además de las dos máquinas de conformado de metales de marca Leifeld, los agentes, con la ayuda de las Unidades de Información de las Comandancias de Barcelona, Tarragona, Islas Baleares y de la Zona de Cataluña, se incautaron del equivalente a 10.000 euros, entre riales iraníes y euros, obtenidos «mediante los beneficios provenientes del delito de contrabando y por el blanqueo» de los activos financieros de las empresas involucradas. También encontraron abundante documentación sobre operaciones de exportación y venta de material de defensa y doble uso y numerosos dispositivos de almacenamiento informático para su estudio.

La operación 'Terracota' no es la primera en España contra redes de exportación de armas al régimen de los ayatolas. En mayo de 2001, la Unidad Central de Inteligencia Exterior de la Policía abortó la que iba a ser la mayor operación conocida de tráfico de material de guerra ilegal desde España. La Policía se incautó en tres naves industriales ubicadas en las poblaciones de Navas del Rey, en Madrid; Sabadell y Tarrasa, en Barcelona, de nueve helicópteros de combate y numeroso material y repuestos de aeronaves que cinco empresarios españoles se disponían a vender a tres iraníes, contraviniendo la prohibición de la ONU y todas las legislaciones nacionales y europeas sobre el embargo de armas. La 'operación Nam' frustró una transacción que, según las estimaciones del Ministerio del Interior, hubiera rondado los cien millones de euros.