Alaya envía la Guardia Civil a las Cortes para notificar a Griñán y Chaves sobre los ERE

La jueza Mercedes Alaya dio ayer un golpe de mano y otro de efecto. El de mano fue por la mañana cuando hizo público un auto en el que daba un portazo a la Fiscalía anticorrupción al rechazar dividir el sumario de los ERE en piezas y elevar una de ellas, la de los aforados, al Tribunal Supremo. Al mismo tiempo ordenó a la Guardia Civil a entregar en el Congreso y el Senado tres notificaciones dirigidas a tres de esos aforados: Manuel Chaves, José Antonio Viera y José Antonio Griñán.

Según ha podido corroborar este periódico, una pareja de la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil se personó por la tarde primero en el Congreso de los Diputados y depositó en la secretaría un sobre dirigido al presidente de esta cámara, Jesús Posada. El sobre contenía sendas notificaciones personales al expresidente de la Junta y ahora diputado Manuel Chaves y al exconsejero de Empleo y también diputado José Antonio Viera. Al parecer la jueza les hace llegar que están inmersos en la investigación del caso de los ERE, aunque no ha trascendido su contenido.

Del mismo modo, la pareja de agentes se dirigió después al Senado, donde depositaron otro sobre dirigido a su presidente, Pío García Escudero, para que a su vez diera traslado de la notificación personal al expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ahora senador.

El procedimiento es tan inusual que Posadas, según informó anoche la cadena Ser, rechazó recibir el escrito argumentando que una jueza de instrucción no es autoridad suficiente para dirigirse a la tercera alta institución del Estado, después del Rey y el presidente del Gobierno, ya que su interlocución debe ser con el Tribunal Supremo.

En este caso la notificación volverá al juzgado de Sevilla y Alaya deberá decidir de nuevo cómo comunicar a los aforados su notificación. Alaya dictó un auto el pasado septiembre en el que señalaba a Griñán, Chaves, Viera y los exconsejeros Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo y Manuel Crespo como «preimputados» en el caso de los ERE.

La jueza no tiene potestad para investigarles puesto que son aforados, pero como dejó claro en el auto de la mañana se niega a separar en piezas el sumario y dejar ir al Tribunal Supremo por ahora la referida a diputados, como le ha pedido la Fiscalía anticorrupción.

Alaya argumenta que hay atestados e informes pendientes y aunque advierte que precisamente por ello no es el momento de debatir sobre la separación, en realidad sí entra en el debate y deja claras sus intenciones. Defiende que la causa llegue como un solo sumario a juicio, ya que de lo contrario vaticina «un peligro serio, obvio e indiscutible» de «fallos contradictorios» por los que incluso podría «atentarse contra la seguridad jurídica».

Alaya da así un revés a las pretensiones de la Fiscalía de agilizar una instrucción que rueda ya tres años y cuenta con más de 150 imputados. Los fiscales proponían dividir el sumario de la siguiente forma: una sobre el procedimiento (las llamadas transferencias de financiación) por el que hay una treintena de excargos públicos acusados de utilizar por acción u omisión un método ilegal para conceder las ayudas y que la jueza considera el caldo de cultivo del menoscabo de fondos públicos; otra sobre las ayudas sociolaborales (intrusos) o ayudas directas a empresas a las que se desviaron dinero público sin control y de forma arbitraria; y una tercera referida a la determinación, pago y destino de las llamadas sobrecomisiones, donde hay implicados despachos de abogados, aseguradoras, sindicatos y conseguidores.

Interrelación

La jueza destaca «la extraordinaria interrelación que existe entre las tres materias o piezas que menciona el Ministerio Público» y defiende la unidad de la instrucción hasta el final, incluso un enjuiciamiento único (que no podría ser otro que un macrojuicio) para evitar «la ruptura de la continencia de la causa». «El criterio de un solo proceso es el adecuado cuando los hechos presentan, como es el caso, una incuestionable relación entre sí y su enjuiciamiento por separado ante órganos diferentes pudiera dar lugar a sentencias contradictorias».

Ante la posibilidad de que algunas ayudas a empresas vayan a juicio en un corto periodo de tiempo, «lo que desde luego no ocurriría con la pieza del procedimiento específico ante el Tribunal Supremo», se pregunta: ¿Cómo se va a enjuiciar la consecuencia sin haberlo hecho de su causa? ¿Y si llegara a producirse un pronunciamiento de condena de la primera y no de la segunda? El riesgo de fallos contradictorios constituye más que una mera probabilidad, es un peligro obvio, serio e indiscutible que no debe correrse, pues podría atentarse contra la seguridad jurídica, produciéndose lo que muchos han denominado un auténtico caos procesal».

Entre las pruebas pendientes cita el informe de la Guardia Civil sobre las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla; Desvela atestados sobre la agencia Idea y la Consejería de Innovación, donde advierte de que podrían afectar a aforados ya señalados, refiriéndose a Viera y a Vallejo; Un informe de la Intervención del Estado sobre la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía y otro sobre las sobrecomisones solicitado a la Dirección General de Seguros.