Los usuarios aportan más de 1.800 millones al pago de la dependencia

La ley de la dependencia tiene la cualidad de haberse convertido en un problema y una bendición a partes iguales. Es un inconveniente para muchas administraciones, que no han visto en esta iniciativa una oportunidad de crear puestos de trabajo y riqueza para sus sociedades sino más bien todo lo contrario. Y ha sido una alegría para otras regiones que han explotado el sistema al máximo (véase Castilla y León) y para muchas familias, que han visto cómo la ayuda que las administraciones han dado por los dependientes les ha servido como un pequeño colchón económico. Sin embargo, la crisis y la delegación del modelo dependiente a las regiones cambiaron el cuadro planteado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El cuidador familiar, que era una excepción, se convirtió en la figura fundamental, hasta suponer casi la mitad de las prestaciones económicas. Y la lista de espera siguió subiendo: a 1 de enero de 2014 había 298.225 personas reconocidas como dependientes sin cobrar ninguna ayuda. Por el contrario, el número de beneficiarios era de 753.842, lo que supone un descenso del 1,45% con respecto al año anterior. Asimismo, los grandes dependientes han pasado de ser el 45,55% de los receptores al 43,97%.

Ante la escasez de las arcas públicas, el Ministerio de Sanidad dirigido por Ana Mato decidió aplicar junto a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en julio de 2012 una serie de recortes e introducir una serie de criterios por las que los usuarios debían pagar por los servicios de la dependencia: la capacidad económica se determinaba por la renta y el patrimonio, los ingresos por trabajo y capital del beneficiario tendrán la consideración de renta, el patrimonio se determinará después de ver deducidas todas las cargas y gravámenes o el mínimo exento lo marca el Iprem, eran algunos de los condicionantes de pago que no podía superar el 90% del coste del servicio. Es decir, se introducía el copago en los dependientes. Una aportación que asciende a 1.870 millones al año, según el estudio realizado por los profesores María Dolores de Prada y Luis Borge, de la Universidad de Valladolid para la Fundación Caser, el primero que analiza de forma global los servicios de la dependencia.

Una cifra que supone el 28,73% de la inversión total en la dependencia, que asciende a 6.509 millones y que sirve para pagar 943.246 prestaciones. Es decir, cada beneficiario paga al año de media 2.498 euros. La aportación de los usuarios se ha calculado a través de las pensiones, mientras que el trabajo para encontrar los pagos de las administraciones ha sido más arduo. «Las comunidades no tienen partida como tal, sino que están incluidas muchas de ellas en los Servicios Sociales», explica la profesora De Prada.

El presupuesto anual de la dependencia implica que el coste medio por beneficiario es de 8.695 euros, siendo la atención residencial el servicio que representa el coste más elevado (2.918 millones, el 44,84%), aunque solo representa el 13,55% de las prestaciones. A continuación se sitúan las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar con el 23,98%, es decir, 1.560 millones.

Atención residencial

En los servicios, la teleasistencia es el único donde la aportación de los ciudadanos es mayor que la de las administraciones. Supone el 0,5% del gasto total, con un presupuesto de 29,4 millones. Las aportaciones de los beneficiarios suponen el 58% del gasto (17,1 millones), mientras que las administraciones abona 12,3 millones (41,9%). El siguiente departamento por el que más pagan los beneficiarios es la atención residencial, donde abonan 1.147 millones por el cuidado de los más necesitados, y la ayuda a domicilio (215 millones).El estudio de la Universidad de Valladolid para la Fundación Caser destaca que los gobiernos centrales y autonómicos pagaron en 2013 alrededor de 4.600 millones, una cifra «muy superior» de la estimada en la memoria económica (3.750 millones). Además el estudio destaca que son las cuentas del Ejecutivo central las que soporta más de la mitad de la financiación gracias al importe mínimo y a una financiación adicional de 2.400 millones. En cambio, los recursos regionales apenas superan los mil millones (1.073).

Las ayudas al entorno familiar han sufrido un ligero descenso, pasando del 44,46% de las prestaciones al 43,21%. «Los nuevos criterios han provocado este descenso, aunque todavía es pronto para decir que es un cambio claro de tendencia hacia unos servicios más profesionales», explica De Prado, que destaca en su informe el uso desigual de los servicios, que dependen del grado. Por ejemplo, para los grandes dependientes, el servicio de atención residencial es el más usado (17,84% del total para estas personas), mientras que para los dependientes moderados y severos, son la ayuda a domicilio y la teleasistencia.