El proyecto de Las Aletas se encarrila pero necesita cinco meses más de trámites

La reunión que mantuvo ayer el Consejo Rector del futuro parque industrial de Las Aletas, en la sede central de Zona Franca, en Cádiz, despejó todas las dudas sobre la viabilidad de este proyecto, clave para el desarrollo económico de la provincia. El encuentro sirvió para dar un impulso, quizás el definitivo, y encarrilar por fin esta inversión hacia su aprobación definitiva. No obstante, pese a las ganas que existen por reiniciar las obras del parque, paralizadas en octubre de 2009 por una sentencia del Tribunal Supremo, habrá que esperar aún cinco meses más hasta que el expediente llegue a las manos del Consejo de Ministros, órgano que tendrá que rubricar el visto bueno final.

El acto, que contó con la presencia de los principales actores de este proyecto, sirvió para examinar la memoria ambiental del parque. Este documento es el aval que permitirá su aprobación definitiva, ya que recoge todos los entresijos legales a los que se ha sometido la nueva ordenación y planificación del polígono.

Nueva ordenación

Cabe recordar que el Consejo Rector presentó el pasado julio la nueva organización del que será el tercer parque logístico de Andalucía. Este nuevo diseño es fruto de las modificaciones que hubo que hacer sobre el proyecto primitivo a raíz del fallo del Supremo. El Alto Tribunal sentenció que el desarrollo inicial de Las Aletas vulneraba la Ley de Costas. Esta sentencia obligó entonces a empezar de nuevo y a replantear toda la distribución del parque, después de varios años de trámites. La única forma de cumplir con la sentencia del Supremo era ampliar la zona de protección ambiental. Así se ha hecho.

La presidenta del Consorcio, la subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Platero, y el vicepresidente del Consorcio, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, comparecieron ayer para explicar los pormenores de la reunión y coincidieron en señalar que el proyecto avanza hacia su aprobación definitiva. Alabaron el grado de consenso entre ambas administraciones para no demorar más el inicio de las obras.

Sin embargo, toca espera hasta su aprobación definitiva. La memoria ambiental necesita ahora de dos informes complementarios, uno realizado por el Gobierno de la Nación y otro elaborado por la Junta de Andalucía, para ratificar lo expuesto o, en su defecto, introducir algún cambio más. Platero destacó que este tiempo de trámite hasta llegar al Consejo de Ministros servirá para definir la extensión del tramo ferroviario del Bajo de Las Cabezuela o la incorporación de otros agentes, caso de Zona Franca, al proyecto. Se trata de un penúltimo trámite, previo al ok final.

Tanto Platero como Jiménez Barrios reconocieron que el proyecto ha tenido «muchas vicisitudes» y confían en que éste sea el camino para «resolver» las cuestiones problemáticas y que el proyecto de Las Aletas pueda ser una realidad, ya que es «absolutamente imprescindible para la Bahía de Cádiz». Según Jiménez Barrios, «no podemos permitirnos un nuevo fracaso». Aseguró que primará en las relaciones de los miembros del Consejo Rector «la lealtad y la colaboración».

Ambos detallaron que la memoria ambiental da «la máxima protección», lo que hace prever que no habrá futuros «riesgos» en esta materia».

Un polígono más pequeño

Los responsables del Consejo Rector destacaron que el trabajo técnico es incuestionable, es decir, todo se ha medido y calculado para que no se vuelva a tumbar el proyecto por fallos legales.

No hay que olvidar que el nuevo proyecto reduce el impacto industrial sobre la zona donde se ha proyectado, la única posible, según los gestores. Así, el pasado julio se presentó una nueva reordenación de Las Aletas que ganaba en protección ambiental y reducía los usos de la actividad logística. Así, la zona de protección total ha pasado de las 120 hectáreas iniciales a más de 200. Por tanto, no habrá problema legal con la reserva de dominio público marítimo terrestre, ya que este parque se asienta sobre las proximidades de la marisma, en Puerto Real. Por otra parte, el área productiva más importante se localiza en 84 hectáreas, propiedad de la Junta, mientras que el espacio reservado para la implantación del área logística se queda en 207 hectáreas, de titularidad estatal. Con esta nueva ordenación se reduce el parque, se amplía la protección y ahora toca saber si tendrá el mismo impacto económico que el macroparque proyectado antes de 2009. De momento, los agentes políticos no quieren entrar en este debate «porque lo importante es lograr su aprobación definitiva cuánto antes». El consejero Jiménez Barrios señaló que la «provincia no se puede permitir más demoras con este asunto».

Jiménez Barrios se comprometió a estudiar ya la actuación urbanística de la Junta en la zona, que supone la declaración de interés autonómico estratégico «en dos fases», una para la zona de dominio público marítimo terrestre y otra para la zona de suelos de uso productivo. Se plantea que en la zona de dominio público marítimo terrestre se incrementará la protección ambiental, dándole exclusivamente los usos medioambientales que permite la legislación.

Por último, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, mostró su deseo de que la Junta de Andalucía «no torpedee» de nuevo el proyecto de las Aletas. Martínez, que alabó el trabajo desarrollado por la presidenta del Consorcio, Pilar Platero, preguntó «dónde están los 60 millones de euros» que debe aportar la Administración andaluza» porque el Estado ha puesto ya los 80 millones de euros que le correspondían pero la Junta todavía no».