Un juez impide a un consistorio catalán la cesión del padrón para la consulta

El proyecto soberanista tropezó ayer con los tribunales. Un juzgado de Barcelona decidió suspender de manera cautelar un acuerdo alcanzado por el pleno del ayuntamiento de Cabrils (Barcelona), según el cual el consistorio mostraba su voluntad de poner a disposición de la Generalitat los datos del padrón y los instrumentos necesarios para la celebración de la consulta soberanista el 9 de noviembre.

La medida, de confirmarse tras la vista que el lunes se celebrará en el juzgado contencioso 2 de Barcelona, supondría un importante revés para el proceso independentista. Y es que, ante la imposibilidad de contar con el censo electoral estatal, porque el Gobierno central -titular único del mismo- ya ha dicho que no se lo cederá, Artur Mas tendría muchas dificultades para conformar un censo fiable para el referéndum.

Hasta ahora, su idea era utilizar los datos del Idescat, su instituto de estadística (el INE catalán). Este organismo cuenta con un registro de población que elabora a partir de los datos de empadronamiento municipal. Por ello, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, envió la semana pasada una carta a todos los alcaldes de Cataluña (más de 900) para recabar su colaboración en la organización de la consulta. Por un lado, para saber si podrá disponer del padrón y por otra para tener un inventario de posibles edificios que alberguen los colegios electorales.

Como Cabrils, 687 consistorios catalanes, sobre un total de 946, se han adherido a la Asociación de Municipios por la Independencia y han aprobado en pleno o tienen previsto hacerlo su disposición a ceder el padrón. Barcelona no pertenece a la AMI, pero en enero también dio luz verde a ceder el padrón cuando se lo requiera el Gobierno catalán. Donde encontrará la Generalitat más reticencias, por no decir oposición frontal, será entre los municipios gobernados por el PSC y el PP, como Tarragona, Hospitalet, Badalona, Cornellà, Santa Coloma de Gramanet o Castelldefels. Si algunos ayuntamientos se niegan a colaborar, el censo estaría incompleto. Se trata de un escollo de tipo técnico para la organización de la consulta que desde la Consejería de Gobernación aún no han especificado cómo resolverán. Aun así, el problema será mayor para el Ejecutivo autonómico en caso de que la jueza determine a partir de la vista del lunes que la entrega del censo por parte de Cabrils vulnera laley de protección de datos, según la denuncia del jurista y presidente del partido Alianza Central Demócrata, Alejandro Rusiñol.

Más denuncias

En función del resultado, el asunto tendrá más recorrido en los juzgados porque la entidad Movimiento Cívico de España ya ha anunciado que presentará denuncias, igual que Manos Limpias o el mismo Gobierno central, que hace meses señaló que «actuará» para que se cumpla la ley, especialmente de protección da datos, para que no se altere un derecho fundamental a la intimidad.

En este caso, el demandante considera que la cesión del padrón vulnera la legislación española, pues implica la comunicación de datos sin permiso para un fin distinto del que se han recabado.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos, en cambio, cree que la cesión es legal siempre que se haga con el consentimiento expreso del ciudadano o porque lo habilite una norma. Joana Ortega, en nombre de la Generalitat, expresó ayer su confianza en «la legalidad del acuerdo del pleno».