El juez encierra a Bolinaga en su casa por el asesinato de un guardia civil

El etarra Jesús María Uribetxebarria Bolinaga solo podrá salir a partir de ahora de su domicilio «durante las horas necesarias» para recibir tratamiento del cáncer terminal que padece. Y siempre que abandone su casa lo hará bajo «vigilancia adecuada».

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a petición del fiscal Vicente González Mota, ordenó ayer su prisión incondicional y comunicada, que cumplirá en su domicilio dado su grave estado de salud, por considerarle autor material de los disparos que el 8 de junio de 1986 acabaron con la vida del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos Martínez en la localidad guipuzcoana de Mondragón.

El magistrado también ordenó, tras interrogarlos, el encarcelamiento por este asesinato de dos de los compañeros del carcelero de José Antonio Ortega Lara en el 'comando Bellotxa', los ya presos etarras Javier Ugarte Villa, recluido en Topas, y José Luis Erostegi Bidaguren, en la cárcel de Herrera de la Mancha.

Uribetxebarria Bolinaga, que se encuentra en libertad desde el verano de 2012 debido a la enfermedad, declaró ayer por videoconferencia desde los juzgados de la localidad guipuzcoana de Vergara. Al término de su declaración, le fue notificado a su abogada, Ainhoa Baglietto, el auto de prisión en el que se acusa al miembro de ETA de un «delito de atentado terrorista con resultado de muerte».

En la misma resolución, Moreno justifica la necesidad de limitar los movimientos de Uribetxebarria porque, explica, existe riesgo de fuga a pesar de sufrir un cáncer terminal. El juez revela que los servicios médicos, en un informe del pasado 19 de marzo, insisten en que el procesado sigue sufriendo metástasis, si bien «sin cambios significativos con respecto» a su estado en diciembre, cuando se le hizo el último examen.

El magistrado, para hacer esta nueva imputación a Uribetxebarria Bolinaga, se basa en los informes remitidos por la Guardia Civil en enero, que dieron pie a la Fiscalía a pedir al juez que reabriera el caso del agente asesinado. Según esos documentos, Bolinaga fue «quien efectuó al parecer los disparos realizados contra la víctima, hallándose acompañado en la ejecución del hecho por José Luis Erostegi y habiendo intervenido en las vigilancias previas sobre el guardia civil Javier Ugarte». Según el instructor, el etarra enfermo y Erostegi «abrieron fuego de pistola cruzado» contra el guardia civil cuando éste y su mujer, fallecida años después, se introducían en un Talbot Horizón cuando salían del bar Urretxu, «alcanzándole en el brazo izquierdo y el corazón». El agente trató de defenderse y llegó a realizar cinco disparos frente a los diez que hicieron los etarras.

El atestado del instituto armado apunta a que fue el propio Ugarte quien, tras ser detenido en 1997 después de la liberación de Ortega Lara, confesó el asesinato de Ramos. En el acta se apunta que «también atentaron contra otro guardia civil en la localidad de Mondragón, que fue en la puerta de un bar, que fue realizado por Josu (Uribetxebarria) y José Luis (Erostegi), que no sabe si disparó uno solo o los dos, que el guardia civil resultó muerto y que el declarante no participó en el asesinato pero que sí realizó vigilancias».

El magistrado incorpora en su auto párrafos de los informes balísticos de la Guardia Civil, que apuntan a que la pistola empleada para este atentado, una FN Browning-GP 35, fue intervenida a raíz de la liberación de Ortega Lara y que, además, es la misma que se usó para asesinar al guardia civil Mario Leal Vaquero el 6 de diciembre de 1985.

A pie y con un bastón

Uribetxebarria Bolinaga, que estuvo en los juzgados de Vergara entre las 12.15 y las 15.15 horas, llegó y se marchó arropado por una decena de familiares y amigos. El preso vestía ropa de montaña negra y una gorra del mismo color con orejeras. Llegó a pie y ayudado por un bastón.

Bolinaga se encuentra en libertad desde el 30 de agosto de 2012, cuando el juez central de vigilancia penitenciaria dio por buenos los informes médicos en los que se aseguraba que sufría un cáncer terminal y que su esperanza de vida no superaba los nueve meses.

El verano pasado la Fiscalía reclamó «una nueva evaluación de las circunstancias que concurren en el enfermo» pues todo apunta, «para bien del enfermo, que su supervivencia lleva camino de superar todos los registros conocidos». Los forenses de la Audiencia Nacional confirmaron que su situación era «grave e incurable» y pronosticaron su fallecimiento en tres o cuatro meses.