La OSCE califica de «inaceptable» la «violencia» de la Policía contra la prensa

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tacha de «inaceptable» la «violencia» ejercida por los antidisturbios contra los periodistas que cubrían la manifestación 'Jaque a la Monarquía' el pasado sábado en Madrid y en la que, según la institución internacional, las Unidades de Intervención Policial (UIP) «atacaron» a cinco informadores a pesar de que éstos se «identificaron claramente como tales».

La representante sobre Libertad de Medios de la OSCE, Dunja Mijatovic, expresó a través de un comunicado su «profunda preocupación» a propósito de los casos de «violencia e intimidación» de los policías sobre los informadores. «Cualquier intento de intimidar o atacar a periodistas es una clara violación de la libertad de medios y no puede ser tolerado», apuntó Mijatovic, quien recordó la importancia de «garantizar la seguridad de los periodistas», dado que constituye «una condición previa y básica para el efectivo y pleno ejercicio de la libertad de información».

La OSCE ya pidió anteayer a las autoridades españolas que, además de «proteger adecuadamente y mejorar la seguridad de los periodistas que informan sobre manifestaciones», abran una investigación para aclarar «a fondo» los ataques a los informadores.

Insultos

Sin embargo, según fuentes policiales, por el momento el Ministerio del Interior no tiene intención alguna de poner en marcha una información interna sobre los sucesos del 29 de marzo tras la disolución de la concentración de la plaza de Neptuno que no había sido comunicada a la Delegación de Gobierno. En los incidentes posteriores a la protesta, según se aprecia en algunos de los vídeos de los propios periodistas agredidos, algunos policías también llegaron a amenazar e insultar a los congregados. La única investigación interna, insisten en la Policía, es la que trata de detectar si hubo errores en el operativo del 22M en el que hubo 67 policías heridos.

La OSCE, según explicaron ayer fuentes de la organización internacional, no ha decidido poner bajo la lupa la actuación de las fuerzas de seguridad españolas, como dicen diferentes responsables del Gobierno. La institución envió un grupo de seis observadores a los actos de las Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo dentro de un proyecto que afecta a sus 57 países miembros para «identificar retos y buenas prácticas en la vigilancia policial» a fin de elaborar un informe a final de años sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en todos ellos.

De acuerdo con la OSCE, la presencia de observadores durante los desórdenes del 22M que terminaron con un centenar de heridos, entre ellos los 67 policías, no tenía relación alguna sobre sospechas o denuncias previas sobre el trabajo de la Policía española.

Pero las explicaciones de la OSCE siguen sin contentar al Gobierno de Mariano Rajoy y a algunos miembros del PP. Y muy particularmente a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, quien, por segundo día consecutivo, volvió a atacar a la institución internacional de la que España es miembro.

«Es una organización que se creó para llevar las libertades a los países del Este de Europa, cuando había muchos países bajo la órbita de la URSS, y allí no hizo nada o hizo muy poco». Aguirre, que insinuó que este organismo de «sueldazos impresionantes» y «burocratizado», debería desaparecer. En cualquier caso, insistió en que «no es» misión de la OSCE «controlar la Policía de sus estados miembros».

La delegada del Gobierno en Madrid no quiso valorar las críticas del organismo por la «violencia» contra los periodistas, pero salió en cerrada defensa de la UIP, tanto en esa protesta como en la del 22M. Cristina Cifuentes mostró su «respaldo absoluto» a los antidisturbios.

Mientras, el director general de la Policía trató de explicar las agresiones a los informadores «porque en esas situaciones de tensión a veces no es fácil distinguir a un periodista de un manifestante que esté agrediendo a un policía». Ignacio Cosidó pidió a los informadores que «vayan acreditados e identificados a las manifestaciones», en particular con el chaleco blanco que les identifica oficialmente. «El derecho a la información es una obligación que está en nuestra Constitución y que la Policía respeta siempre», aunque, precisó, «es verdad que en las manifestaciones se pueden vivir situaciones de tensión y de confusión, y que entre todos tenemos que afrontar con la mejor voluntad».