Cristina se refugia en la ortodoxia

Con el objetivo de evitar un desmadre de las cuentas públicas en las postrimerías de su Gobierno, Cristina Fernández está protagonizando un viraje hacia la ortodoxia. De manera disimulada y con resignación, sus funcionarios apelan a un recetario despreciado hasta hace pocos meses. Devaluación, alza de tasas de interés, bajada de subsidios y contención de aumentos de salario son sólo algunas de las más evidentes medidas de la Administración desde que comenzó 2014.

Sin decirlo, Fernández aplica así un paquete de ajuste. Busca estabilizar la economía y atraer inversiones de manera que pueda allanar el camino a su sucesor, que todavía no está definido. Sabe que los recortes no serán gratos, pero advierte de que sólo así podrá llegar al final de 2015 sin mayores sobresaltos, una meta que sabe ser esquiva en este país. Dos presidentes electos en los últimos 30 años debieron irse antes de tiempo por no poder manejar la crisis: Raúl Alfonsín en 1989 y Fernando De la Rúa en 2001.

La última y más sonada decisión fue la de reducir subsidios a los servicios de agua y gas, que permitían a los usuarios pagar sólo el 20% de los consumos. El resto lo cubría el Estado, una política deliberada para empujar a un mayor gasto. A partir de este mes, esas ayudas se recortan en tres tramos, con excepciones para jubilados, beneficiarios de planes asistenciales, industrias y también para quienes se comprometan a bajar sus consumos. Luego seguirán con la electricidad. El Gobierno insiste en que no es un aumento, sino una reasignación del dinero público.

Después de renovar el equipo económico y designar a un nuevo jefe de Gabinete -Jorge Capitanich- dispuesto a explicar diariamente cada nueva medida, la presidenta autorizó en enero la mayor devaluación (un 18,6%) de los últimos doce años. Le siguió un alza en las tasas de interés para atraer depósitos y la inauguración de un nuevo índice de precios, actualizado después de los polémicos indicadores que negaban el alarmante problema de la inflación y que habían merecido una sanción del Fondo Monetario Internacional.

Desde febrero, el Gobierno admite una subida de precios mensual superior al 3%, que se parece mucho más a la real que a la que comunicaba desde 2007, aunque no deja de constituir un dolor de cabeza. La Secretaría de Comercio empuja con dificultad una política de precios acordada con los proveedores, a fin de contener las alzas, con resultados todavía discretos. Los economistas ortodoxos creen que los precios bajarán -o se estabilizarán- a medida que la puja salarial se dirima con subidas moderadas de sueldos, que corten el círculo vicioso de mayor consumo y nuevos incrementos.

La guerra de los maestros

La Administración peronista está procurando que los acuerdos salariales no superen el 30%, al contrario de lo que hacía hasta ahora, cuando venía impulsando aumentos que estuvieran por encima de la inflación. El caso que evidenció la conflictividad en este campo fue el de docentes de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra casi el 40% del total de maestros y profesores del sector público argentino, y que protagonizaron una huelga sin precedentes el pasado mes de marzo en demanda de mayores salarios.

Fueron cuatro semanas de paro que aplazaron el inicio de las clases hasta el lunes de esta semana, cuando por fin los profesores consiguieron una actualización cercana a sus expectativas. Durante la larga contienda, Cristina Fernández decidió mantenerse al margen. El coste político fue para el gobernador provincial, Daniel Scioli, que es el más firme candidato a sucederla desde el oficialismo. Scioli planteaba sus limitaciones de presupuesto para otorgar el aumento solicitado por los maestros, pero debió ceder. Tras cinco semanas de negociación, los sindicatos de la provincia de Buenos Aires acordaron el sábado un aumento del 32,5%. El acuerdo a nivel nacional, al que se llegó después, es algo menor y contempla un alza del 28,76%.

El Gobierno también retomó negociaciones en el frente externo. Acordó con Repsol una compensación por la expropiación de YPF y volvió a discutir con el Club de París la cancelación de su deuda externa impagada. Todo sea para atraer inversiones.