Más de 140 imputados en tres años de investigación

Las cifras en las que se desenvuelve la macrocausa de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía justifican la petición de la Fiscalía a la juez Mercedes Alaya para que ceda el caso al Tribunal Supremo. Desde que se iniciara allá por 2011, hace más de tres años, a raíz de la reclamación de mordidas para conseguir subvenciones en el mercado mayorista de Sevilla (Mercasevilla), la instructora ha iniciado diversas líneas de investigación que siguen acumulando imputados. Los últimos en unirse a este peculiar grupo han sido el empresario jerezano José María Ruiz Mateos y Zoilo, uno de sus hijos.

En total, la causa ronda ya los 143 imputados formalmente en la trama, de los que 27 son ex altos cargos de Gobierno andaluz, como la exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez. Pero a esta cifra hay que sumar los siete «preimputados», el nombre que se ha dado a una serie de personas señaladas por la juez. Aún no han sido imputadas probablemente porque, de hacerlo, tendría poca justificación que la magistrada continuara con el caso, dado que son aforadas y sólo pueden ser juzgadas en instancias superiores. Entre ellas, destacan los expresidentes de la Junta de Andalucía, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y cinco exconsejeros de sus gobiernos.

Únicamente once de los encausados han pasado hasta ahora, de forma provisional, por la cárcel hasta abonar las jugosas fianzas impuestas por Alaya. Uno, Eduardo Pascual, directivo de la mediadora Vitalia y a quien la juez rebajó recientemente la fianza a 45.000 euros, todavía permanece encarcelado después de pasar un año entre rejas.

Aunque la juez instructora del caso pone en cuestión toda la partida de fondos públicos concedida mediante el sistema de transferencia de financiación entre 2000 y 2011, el llamado 'fondo de reptiles' y que asciende a unos 1.200 millones de euros, el dinero realmente defraudado es bastante menor, a tenor de lo desvelado por la investigación.

Los 196 intrusos o personas ajenas que se beneficiaron de prejubilaciones cobraron 17 millones de euros, mientras que un centenar de empresas recibieron ayudas directas que no les correspondían por valor de 73 millones de euros. Son unas cantidades a las que se suman los 50 millones de euros que, según la Guardia Civil, cobraron las mediadoras Vitalia y Uniter en concepto de sobrecomisiones por participar en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo.