Cisma en el 'caso Emperador' por la supuesta implicación de diez policías
El juez Andreu pide dejar el caso por su amistad con el comisario de Barajas, sospechoso de colaborar con la red de Gao Ping
MADRID. Actualizado: GuardarEl 'caso Emperador', la red de blanqueo de capitales liderada por el mecenas chino Gao Ping, en la actualidad en prisión preventiva, dio ayer un vuelco espectacular. Una investigación del departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha destapado l supuesta implicación de diez agentes en la trama corrupta. Tres de los sospechosos son comisarios, uno de los cuales, Carlos Salamanca, dirige la oficina del aeropuerto de Barajas y es amigo del juez instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ya ha pedido apartarse del caso.
La investigación de Asuntos Internos ha durado varios meses y ha contado con el visto bueno tanto del Ministerio del Interior como de la Fiscalía General del Estado, según fuentes jurídicas. El informe policial fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción hace unos días y, tras estudiarlo, los dos acusadores públicos del caso, Juan José Rosa y José Grinda, solicitaron al juez sus imputaciones por prevaricación, cohecho y revelación de secretos.
El sustento material de estas acusaciones incluye grabaciones, testimonios y pruebas documentales. La red policial salpicada afecta nada menos que a tres comisarios, el citado Carlos Salamanca; el jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid, Ángel Olmedo; el 'número tres' de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la capital, Manuel Patricio Rodríguez; y el inspector Federico Sánchez Frutos, exmiembro de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada de Madrid y actualmente en la empresa privada.
El resto de acusados por Anticorrupción son tres agentes de la Policía Nacional, dos de la Policía Municipal de Fuenlabrada y uno de la Guardia Civil.
Estos agentes habrían favorecido actividades de la red criminal a cambio de regalos y favores, según fuentes de la investigación. Entre ellos se encontrarían la obtención del documento nacional de identidad, una denuncia por el robo de un bolso en Fuengirola (Málaga) y la petición de permisos de inmigración. En el caso del responsable policial de Barajas se le relaciona con el presunto miembro de la red Yonping Wu Liu, con quien mantenía una relación fluida y acudía habitualmente a comer o ver partidos de fútbol o baloncesto, apuntan dichas fuentes.
Tira la toalla
El comisario Carlos Salamanca, a su vez, tiene amistad con el juez Fernando Andreu, que después de recibir la solicitud de imputación de Anticorrupción se abstuvo y envió un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano superior jerárquico, oficializando su renuncia.
El tribunal encargado de resolver la petición será la Sección Tercera, que habitualmente resuelve los recursos de la causa. Los magistrados tendrán ahora un plazo de diez días para decidir si apartan a Andreu. En este supuesto el caso recaería en su compañero Ismael Moreno, del juzgado central de instrucción número dos, por el sistema de reparto.
La 'operación Emperador' estalló en octubre de 2012 cuando fueron detenidos un total de 83 personas, 53 de nacionalidad china y 17 españoles. En esta causa se investiga una supuesta trama de ciudadanos chinos que se dedicaba al blanqueo y es una de las mayores operaciones que se han llevado a cabo contra el crimen organizado.
Entre los arrestados estaban el actor porno Ignacio García Jodrá, alias 'Nacho Vidal'; el exconcejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid) José Borrás y el policía nacional Miguel Ángel Gómez Gordo. En junio de 2013 el magistrado imputó a otras 15 personas, entre ellas primas lejanas del Rey por haber blanqueado dinero presuntamente a través de la denominada rama hebrea de la red de Gao Ping, que dirigía, según los investigadores, la imputada Malka Mamman Levy.
Por su parte, Gao Ping está en prisión desde abril de 2013, cuando reingresó junto a otros líderes de la red después de que fuera excarcelado por un error judicial.