La crisis castiga a cada vez más sectores sociales

El impacto de la crisis se deja sentir cada vez en más amplias capas de la sociedad, según el informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz, que el titular de la institución, Jesús Maeztu, entregó ayer al presidente del Parlamento, Manuel Gracia. «Buena parte de la sociedad andaluza se encuentra en situación crítica, por lo que urge buscar medidas y soluciones», dice Maeztu.

En total 42.500 personas acudieron al Defensor por vulneración de derechos y la institución llevó a cabo 18.779 actuaciones, es decir 1.564 al mes. No obstante, ha bajado el número total de quejas, que se situó en 6.926, un 4,3% menos que el ejercicio anterior. Llama la atención el descenso de las quejas de oficio, debido a unos «criterios más restrictivos» del nuevo defensor, que sustituyó el pasado año a José Chamizo, que ocupó el puesto durante 16 años y para quien su sucesor tiene palabras de reconocimiento en la memoria. Hubo un 38% menos de acciones a iniciativa de la propia institución, en total 152.

En 2013, según el resumen del informe, aumentaron los asuntos nuevos, con 6.040 quejas, un 6,58% más respecto al año anterior. Además, subieron las mediaciones, que ascendieron a 137, lo que supone un 19% por ciento más.

El defensor destaca del ejercicio 2013 que crece el espectro social afectado por la crisis y cada vez más personas de clases medias, ajenos hasta ahora a los daños de la situación económica, acuden a denunciar la pérdida de derechos sociales, «principalmente por problemas de poder adquisitivo».

Prestaciones sociales

Asimismo, Jesús Maeztu alerta de que más de cinco años de crisis galopante están golpeando con dureza a los colectivos más vulnerables, en especial los mayores, los menores y las mujeres, u que se agravan también las necesidades en materia de vivienda y prestaciones sociales. a estas dos cuestiones responden el 40% de las reclamaciones presentadas, en total 7.300 quejas.

El Defensor pide en su informe a los poderes públicos que garanticen «una renta mínima y los suministros esenciales» para la familias más vulnerables, como una cuestión de «supervivencia».

Asimismo, plantea la urgencia de soluciones «al problema del sobreendeudamiento» con un ley de segunda oportunidad para que «se pueda pagar con plazos más asequibles», una petición que arrastra desde la legislatura anterior. El informe destaca asimismo su gran preocupación por el agravamiento de los desahucios y los problemas vinculados con la vivienda en general. Por ello Maeztu pide «un cambio estratégico en las políticas públicas de vivienda».

Del informe se desprende que sigue sin resolverse las prestaciones por dependencia, con 588 quejas, y se mantiene los problemas con las cláusulas suelo de las hipotecas, que han motivado la mayoría de las mediaciones realizadas. Hay numerosas quejas por desprotección de menores, por desahucios que en muchos casos afectan a familias con niños, y suben hasta 330 las quejas por el mal funcionamiento de la Justicia.