Anticorrupción pide a la juez que envíe al Supremo la causa contra Chaves y Griñán

La Fiscalía Anticorrupción entiende que la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía ha agotado ya la parte más política de la investigación, por lo que solicita que se eleve al Tribunal Supremo la causa referida a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros cinco exconsejeros regionales que en la actualidad ostentan cargos públicos que les mantienen aforados.

En un escrito dirigido hoy al juzgado de instrucción 6 que dirige Mercedes Alaya, el ministerio público hace esta petición y reclama además que la macrocausa resultante de tres años de investigación, y a la que la juez todavía no ve fin, sea acotada en diversas piezas para hacer el caso más manejable y evitar incluso que algunos delitos pudieran prescribir, como ya advirtió en otro momento.

"El elevado número de expedientes, la extensión y complejidad de los mismos, el importante número de imputaciones que se deriven y la necesidad de recuperar los fondos públicos presuntamente malversados justifican la simplificación y activación del procedimiento", concluye Anticorrupción. Y apunta que los últimos autos solicitando nuevas diligencias ponen de manifiesto "lo incierto del horizonte temporal de la instrucción y enjuiciamiento de esta causa".

Así, la Fiscalía entiende que el desglose de piezas "facilita" la remisión al Supremo de la parte de la trama referida al procedimiento específico implantado por el Gobierno andaluz para dar ayudas de forma discrecional y sin controles previos "sin que conlleve un mayor retraso" en el resto de la investigación. Es decir, la juez ha agotado ya cualquier línea de investigación en la parte superior de la pirámide, como ella misma lo describió.

Anticorrupción propone además que se separe la parte de la causa referida al pago y destino de las llamadas "sobrecomisiones" abonadas a las empresas que mediaron en las ayudas, que según las investigaciones podrían rondar los 50 millones de euros. La UCO cree que parte de ese dinero, unos 7,6 millones, fueron a parar a los sindicatos por la labor de mediación. Una segunda pieza estaría centrada en el sistema de transferencia de financiación, aunque sin los cargos aforados.

Por último, la fiscalía propone separar en distintos expedientes cada una de las ayudas concedidas a empresas. En este sentifo, distingue entre las 126 ayudas sociolaborales prejubilaciones -expedientes en los que se acumulan un total de 196 intrusos o persojas ajenas a las empresas que hacían regulaciones de plantilla- y 275 ayudas directas a empresas, muchas de las cuales fueron a parar a empresarios relacionados con el entorno del PSOE en la comarca sevillana de donde procedía el exdirector general de Trabajo y principal implicado en la causa Francisco Javier Guerrero.