Soraya Sáenz de Santamaría y Alicia Sánchez-Camacho, en la convención del PP ayer en Barcelona. :: ALBERTO ESTÉVEZ / EFE
ESPAÑA

La vicepresidenta reitera la oferta de diálogo a Mas aunque no sobre la consulta

Sáenz de Santamaría viaja a Barcelona para garantizar a la Generalitat que aunque lo intente no habrá referéndum por la independencia

BARCELONA. Actualizado: Guardar
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, viajó ayer a Barcelona para trasladar los tres mensajes que resumen la posición del Ejecutivo de Mariano Rajoy en el conflicto catalán: no habrá referéndum pase lo que pase; Rajoy en ningún caso dialogará con Artur Mas sobre la consulta secesionista: y si Cataluña alcanzase algún día la independencia de España quedaría fuera de la Unión Europea.

La número dos del Gobierno anticipó por dónde irá el discurso del PP y del Ejecutivo en el debate en el Congreso de los Diputados del 8 de abril, en el que por primera vez una delegación catalana integrada por tres parlamentarios autonómicos reclamará en el Parlamento español la delegación a la Generalitat de la competencia estatal para celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña.

El Gobierno basará su no rotundo a autorizar una consulta popular en la reciente sentencia del Constitucional, que suspendió la declaración de soberanía del Parlamento catalán y por tanto negó que Cataluña sea un sujeto jurídico y político soberano. «No podemos disponer lo que no pertenece a nadie, sino a todos los españoles, que es la soberanía nacional y la Constitución. No podemos autorizar lo que no depende de nosotros, de los gobiernos, ya que sólo los españoles en su conjunto pueden decidir lo que es España», afirmó Sáenz de Santamaría en un acto del PP catalán en la ciudad condal.

A pesar de que CiU, Iniciativa y la Generalitat se han abonado a hacer una interpretación algo optimista de la sentencia del Tribunal Constitucional porque, a su juicio, abre una pequeña grieta a que sea posible acordar entre los gobiernos central y autonómico una consulta no vinculante, Sáenz de Santamaría cerró todas las puertas y no dejó entrever ninguna muestra conciliadora en este aspecto. «No podemos permitir que nadie declare unilateralmente lo que a todos nos afecta, no puede haber y no habrá un referéndum sobre la independencia, porque está fuera de la ley», remató.

«Desde la ley»

La posición del Gobierno también es firme en lo que se refiere al diálogo con la Generalitat. Ambos ejecutivos llevan meses apelándose de manera recíproca a unos contactos que no acaban de llegar. El desafío soberanista es el principal escollo. Mas quiere reunirse con Rajoy para tratar sobre la consulta, mientras que el presidente del Gobierno se niega a ello. La vicepresidenta lo reiteró ayer una vez más: «En política dialogar es un verbo que sólo se puede conjugar desde la ley». Sentarse en torno a una mesa, sí, pero solo «sobre aquello que se puede dialogar». La consulta es ilegal, según el Gobierno, y por tanto nunca admitirá que forme parte de una negociación con el Ejecutivo catalán, al que se especula que lo único que podría ofrecer es una mejora de su financiación pero sin ceder un régimen de concierto económico.

En el mismo acto, la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, abogó por un «diálogo sincero y leal para dar soluciones reales a los catalanes porque hay mucho de qué hablar», entre otras cuestiones medidas para crear empleo, garantizar el estado del bienestar, la reforma tributaria o el sistema de financiación. Desde el Palau de la Generalitat insisten por activa y por pasiva en que cualquier propuesta que llegue de Madrid deberá ser aprobada en votación por la ciudadanía de Cataluña.

El 8 de abril es la primera fecha importante del año en lo que al debate catalán se refiere. La segunda tendrá lugar un mes y medio después, las elecciones europeas, que en Cataluña tendrán una lectura en clave de apoyo o no al proceso que comandan el nacionalista Artur Mas y el republicano Oriol Junqueras.

El riesgo de que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea es uno de los principales argumentos que esgrimen el PP y el Gobierno en su campaña contra el desafío independentista y la vicepresidenta insistió ayer en esa idea. «No vais a perder el derecho de voto que venís ejerciendo desde 1987. Esta es la séptima vez que los catalanes elegiréis a vuestros representante en Europa y no va a ser la última», remató. «Levantar fronteras no sirve para impedir el avance de los problemas», añadió la número dos del Gobierno y mano derecha de Rajoy.