LA INSTRUCCIÓN SIN FIN

Acaba marzo sin que se atisbe el final de la instrucción de la jueza Mercedes Alaya en el caso de los ERE fraudulentos. Es más, en esta que se suponía última fase del trabajo de la magistrada y su grupo de 'incansables' se han dado saltos cualitativos, como el intento de investigar al Parlamento andaluz o su insistencia en que la Intervención General del Estado investigue a la Cámara de Cuentas autonómica. Entre tanto, se acerca la posibilidad de que prescriba la responsabilidad de José Antonio Viera, al cumplirse el 25 de abril los diez años de su abandono del cargo de consejero de Trabajo. Alaya, que ya apuntaba a Viera en el auto de imputación de Antonio Fernández, su sucesor, puede tener ahí un dolor de cabeza añadido, si alguna defensa se decide a recorrer el camino de la recusación por no haber elevado la causa a su juez natural, al afectar a un aforado. Parece que en la Audiencia sevillana y en la fiscalía estarían por la labor, hartos de los métodos y criterios de la peculiar jueza que, dicen, ya 'dispara sin control'.

Mientras crecen las críticas a Alaya, también lo hacen hacia la inacción de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. La ley les obliga a intervenir, aunque aleguen lo contrario. Llega a afectar al Estatuto de autonomía.

En medio de todo se ha producido una sentencia significativa en la Audiencia de Cádiz, que ha desestimado la imputación de un teniente de alcaldesa de Teófila Martínez en un caso de presunta estafa y malversación, Quality Food. La sala la rechaza por 'gratuita' y 'no sustentada' ya que no explica por qué se señala a este concejal y no al resto de quienes formaban parte del consejo de Zona Franca que otorgó las ayudas a la citada empresa. El mero hecho de pertenecer a un organismo no supone responsabilidad de su gestión, y menos aún criminal, viene a decir.

Esto podría tener trascendencia en la llamada 'trama política', donde medio centenar de altos cargos, encabezados por Magdalena Álvarez, y unos cuantos 'preimputados', sufren una dura situación personal, profesional y también patrimonial por unas acusaciones que, al ritmo que va el caso, tardarán mucho en aclararse.