Soluciones y escollos en el proceso

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán fue el pistoletazo de salida a nueve meses decisivos en Cataluña, que culminarán el 9 de noviembre con la celebración, suspensión o aplazamiento de la consulta independentista. Nadie se atreve a decir a ciencia cierta qué pasará con la votación reclamada por CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP, y muchos menos qué ocurrirá después. La incertidumbre lo rodea todo.

Sin embargo, los pasos hasta el 9-N están cada vez más definidos y Mas defiende que encontrará una solución a cada escollo que se le ponga delante. El primer acto será el 8 de abril. PP, PSOE y UPyD cerrarán en el debate del Congreso la puerta a la vía escocesa y Jordi Turull, de CiU, Marta Rovira, de Esquerra, y Joan Herrera, de Iniciativa, regresarán a Barcelona con un no rotundo en el bolsillo a su petición de que el Estado transfiera al Gobierno autonómico la capacidad de convocar un referéndum.

No obstante, expertos constitucionalistas y también el Gobierno catalán consideran que el fallo del Constitucional «avala» la iniciativa de los partidos catalanes, haciendo uso del artículo 150.2 de la Constitución. «Los diputados catalanes podrán invocar en el debate en el Congreso expresiones literales de la sentencia», afirma el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós. El fallo, añade, «deja abierta una puerta a la interpretación del derecho a decidir y Rajoy no podrá decir con tanto énfasis no quiero y no puedo autorizar una consulta». Pero sí podrá decir, apuntan en el PP, que la corte ha negado la soberanía a Cataluña y que no se puede celebrar un referéndum de manera unilateral.

Salvo sorpresa histórica, por tanto, la opción pactada quedará agotada. Entonces, Mas recurrirá al plan B: esto es que si no es posible con la ley española, lo intentará con la catalana. Luego pasarán las elecciones europeas de mayo y se abrirá una ventana al diálogo sobre un nuevo modelo de financiación. Espejismo de un aparente deshielo, que se romperá tras la vuelta de las vacaciones estivales, ya que septiembre se presenta caliente en la calle y en el hemiciclo catalán.

Los partidos que impulsan la consulta aprobarán la ley de consultas al calor del 11-S y minutos después de que salga publicada en el boletín oficial de Cataluña Mas firmará el decreto de convocatoria de la consulta. La premura en los tiempos es fundamental porque el Gobierno ya ha anunciado que impugnará la norma catalana al Constitucional, por tanto el presidente de la Generalitat necesita que la ley esté vigente para poder estampar su firma y que la convocatoria tenga validez jurídica. La Moncloa llevará la ley y la convocatoria al Constitucional, por lo que ambas quedarán suspendidas de manera cautelar. En medio, Escocia votará el 18 de septiembre en su referéndum y quedará un mes para el inicio de la campaña electoral de la consulta catalana.

Lo que ocurra más allá, ya es toda una incógnita. Mas podrá seguir por la vía de enmedio y sacar las urnas a la calle a pesar de la prohibición; podrá convocar elecciones anticipadas o posponer el proceso. En cualquier caso, el lío está servido. Expertos constitucionalistas consideran, no obstante, que la sentencia del Constitucional «enmarca» una posible resolución al conflicto. «El fallo establece que la consulta a los ciudadanos de Cataluña sobre su permanencia en el Estado es constitucional siempre que después un resultado favorable a la independencia conduzca a una reforma constitucional», afirma Mercé Barceló, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. A su juicio, «conocer de una vez por todas qué mayoría se posiciona en Cataluña a favor y qué mayoría se posiciona en contra permitirá saber cuál es la dirección que debe tomar la resolución del conflicto».

La sentencia apunta a una posible salida, según Arbós, porque «establece una base común de principios», un terreno común entre las dos partes, Gobierno y Generalitat, que «abre una grieta para negociar». «Admite una interpretación conforme con la Constitución del llamado derecho a decidir. No como derecho a la autodeterminación, del que dice que no cabe en la Constitución, sino como aspiración política que se puede intentar llevar a cabo en el marco de la legalidad», señala. A su entender, lo que «resulta significativo» es que no cierra la puerta de modo explícito a que se pueda consultar al pueblo catalán sobre su integración en España, a diferencia de lo que ocurrió en la sentencia sobre el plan Ibarretxe.