Fin del proceso judicial a tres gigantes
El Ayuntamiento pedirá un dictamen al Consejo Consultivo, paso necesario para desestimar la nulidad de las licencias que pidió la Junta de Andalucía El litigio por las Torres de La Casería entra en su recta final y evita nuevos conflictos
SAN FERNANDO.Actualizado:Ha sido una de las actuaciones más polémicas de la ciudad. Tres torres de pisos de 14 plantas en La Casería que amenazaban con expandirse y ser una pantalla hacia la Bahía. Protestas de ecologistas, concentraciones de vecinos, enfrentamiento entre administraciones y un proceso judicial que entra en su recta final y que otorgará legalidad a lo ya construido, para tranquilidad de los propietarios.
El Pleno municipal aprobó el pasado viernes incoar el expediente de revisión de oficio de las licencias concedidas en el Sector I de La Casería (donde se ubican las Torres) y solicitar dictamen al Consejo Consultivo, dando así cumplimiento de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Junta de Andalucía solicitó en abril del año 2006 la revisión de oficio de las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento, considerando que eran nulas y el Consistorio desestimó dicha petición de nulidad. Una reciente sentencia del TSJA señala que para desestimar la nulidad es imprescindible tramitar previamente un procedimiento de revisión de oficio, y para ello se necesita legalmente solicitar un dictamen al Consejo Consultivo.
El delegado de Urbanismo, Ángel Martínez, aseguró que la normativa del Consejo Consultivo «dice que la solicitud de dictamen debe venir con una propuesta de resolución. Por tanto, el Ayuntamiento en ejecución de sentencia, incoará el procedimiento de revisión de oficio y someterá el expediente a audiencia. Transcurrido, se propondrá de nuevo por pleno una resolución que se remitirá al Consejo Consultivo solicitándole dictamen».
La Junta de Andalucía, tras los años pasados y viendo que los edificios están ocupados, prefiere aparcar la polémica, tras romper los planes de construir más torres en las zonas. No recurrirá ni realizará acción ninguna que permita continuar el conflicto, que finalizará con este proceso administrativo solicitado por la Justicia. Aunque para el Ayuntamiento, lo que pretendía la Administración autonómica no era otra cosa que paralizar el desarrollo de la ciudad. «El expediente del Sector I de la Casería es una muestra de que el PSOE quería la paralización del desarrollo de San Fernando. No se ponía en cuestión las licencias, cuya validez se recurre, sino que el PSOE cuestionaba la validez de la Modificación Puntual del PGOU y Plan Parcial, siendo válidos tanto en el momento del otorgamiento de las licencias como actualmente, y sin que conste impugnación alguna de estos instrumentos ante los Tribunales de Justicia», subrayó Ángel Martínez.
Antecedentes
La Modificación Puntual del PGOU en el ámbito del Sector I inició su andadura en noviembre de 2001; en septiembre de 2002 se aprobó definitivamente, y en agosto de 2003 se rectificaron unos errores del documento definitivamente aprobado. Ambos acuerdos adquirieron firmeza al no ser recurridos por la Junta de Andalucía. Por su parte, el Plan Parcial del Sector I 'Casería de Ossio' se aprobó inicialmente en marzo de 2002, y en marzo de 2003, siguiendo con su tramitación, el Pleno procedió a su aprobación definitiva.
En el año 2006, es decir, más de tres años después, la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía requiere al Ayuntamiento que proceda a la Revisión de Oficio para declarar la nulidad de las Licencias de Obras, petición que es desestimada por Acuerdo de Alcaldía en mayo de 2006. La Junta de Andalucía es entonces cuando presenta un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado nº 2 de Cádiz.
La Administración autonómica insta, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de las licencias otorgadas, petición que es desestimada, señalando el Juzgado la legitimidad del Plan Parcial, de la Modificación Puntual del PGOU y de las licencias otorgadas en su ejecución, añadiendo que estos instrumentos son firmes para la Junta de Andalucía al no haberlos recurrido en plazo. En diciembre de 2008 se falla una sentencia admitiendo parcialmente la petición de la Junta.
El pasado 20 de diciembre, es notificada la sentencia de apelación, con fecha de 29 de noviembre de 2013, cuyo fallo desestima todos los recursos de apelación. También desestima el pronunciarse sobre la nulidad solicitada de las licencias. Es decir que solo entra en los administrativo, motivo por el que entiende que una desestimación, como la llevada a cabo por el Consistorio en 2006, requiere de la tramitación del expediente y para ello es necesario el pronunciamiento del Consejo Consultivo.